El Fiscal pide a la Audiencia una sentencia “valiente” y la defensa un fallo “justo” para los acusados del caso Forelan

Fotos: Dory Hernández

El juicio del caso Forelan quedó visto para sentencia este viernes después de que las partes expusieran sus conclusiones y los cuatro acusados hicieran uso de su derecho a la declaración final. El fiscal, Miguel Pallarés, pidió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas una sentencia “valiente”, mientras que Manuel Farjardo Palarea, abogado de tres de los cuatro acusados, dijo sentirse extrañado por una petición como la del fiscal, “que nunca había escuchado”, y, antes de emitir su informe final, pidió un falló “ajustado a derecho”. Los dos abogados defensores pidieron la absolución de Basilio González, Eugenia Villalba, Valentín Elvira y Elena Ángel, y el fiscal ratificó su solicitud de 10 años de prisión para cada uno y 500.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y otro de apropiación indebida. Además, Pallarés pidió que los acusados devuelvan a la Fundación Insular para la Formación y Empleo (Forelan) más de 600.000 euros. La acusación particular se adhirió a la solicitud de la Fiscalía y exigió cinco años más de cárcel por uso de documento falso. El tribunal deberá dar por probado que los acusados defraudaron subvenciones públicas del Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma por valor al menos de 80.000 euros, para aplicar la condena solicitada por dichos delitos, tal y como reza en el Código Penal.

Las subvenciones no son donaciones

El fiscal subrayó que las subvenciones públicas no son donaciones a fondo perdido y considera que los acusados asaltaron la buena fe de las instituciones públicas entre los años 95 y 98 en beneficio de sus intereses particulares. Para Pallarés, las conclusiones del perito de Hacienda son incontestables. Entre ellas, mencionó el 73 por ciento de beneficio que obtuvo la empresa de Elena Ángel, Sergeslan, por el trabajo de seguimiento a varios cursos que le asignó Forelan, Fundación de la que fue secretaria en representación de la patronal turística Asolan. Pallarés cree que ese margen de utilidad es desproporcionado. En cuanto a Basilio González, entonces presidente de Forelan, y Eugenia Villalba, vicepresidenta de la Fundación, el primero representando a Comisiones Obreras y la segunda a UGT, dijo que no hay huella de que, aún cobrando un buen sueldo neto de dos de las empresas proveedoras de Forelan (Sergeslan y Copy Shop), de propiedad de Elena Ángel y Valentín Elvira respectivamente, realizaran funciones específicas para dichas firmas. El fiscal piensa que Villalba ejecutó una labor menos “intensa” en la “trama” empresarial, “pero sí de colaboración”. Otro hecho significativo para el fiscal es la declaración del testigo Antonio Hernández, quien en su momento inspeccionó cursos organizados por Forelan y desveló que retuvo sus informes por “presiones”. “La presión era de Forelan porque se les acababa el chollo”, realzó el fiscal.

Invento de soportes

En relación a Valentín Elvira, tesorero de Forelan y representante de Felapyme en la Fundación, dijo que el informe pericial no deja dudas de que se inventó facturas para justificar gastos e hizo parte de la “trama” empresarial para apropiarse de subvenciones que llegaban a Forelan. El fiscal lamentó la falta de control del Gobierno de Canarias a organizaciones como Forelan y en este proceso no duda de que la cuantía por fraude a subvenciones supere los 80.000 euros. Por su parte, Astrid Pérez, abogada de la acusación particular (Aetur), se adhirió a la exposición del fiscal incidiendo sobre el número de alumnos y horas lectivas “falseadas” por Foerlan para acceder a las subvenciones. “Aparecen alumnos como aptos, que nunca terminaron sus cursos, en la documentación que Forelan enviaba al Gobierno”, comentó la letrada, que además subrayó que Sergeslan facturó en el año 96 a Forelan 23 millones de euros sin contrato de servicio alguno. Las empresas de Ángel y Elvira prestaron servicios a Forelan sin constancia formal de la vinculación que les unía.

La defensa saca sus cartas

Manuel Fajardo Palarea, abogado de Villalba, González y Elvira, y José Luis Álvarez, defensor de Ángel, intentaron convencer a la Audiencia de la inocencia de sus clientes. Fajardo ante todo recordó que los acusados representaban en Forelan a prestantes sindicatos y organizaciones empresariales y aprovechó para manifestar su extrañeza por la ausencia del representante de Aetur, Jerónimo Quevedo, que a su entender también debía estar sentado en el banquillo de los acusados. Aetur, Asolan, Felapyme, Comisiones Obreras y UGT constituyeron Forelan. Fajardo aludió a que en la época a la que se remontan los hechos no estaba expresamente prohibida la autocontratación y desmintió tajantemente que Sergeslan y Copy Shop acapararan todos los cursos gestionados por Forelan. Ratificó la postura del abogado de Elena Ángel que precisó que entre los años 96 y 97 Sergeslan obtuvo sólo el 7 por ciento del presupuesto de los cursos de Forelan y Copy Shop el 10 por ciento. Fajardo Palarea también ironizó sobre la petición de 600.000 euros que solicita el fiscal a los acusados para que sean devueltos a Forelan. “El fiscal pide que ellos mismos se devuelvan 600.000 euros”. Fajardo insistió en la necesidad de que la Sala acceda a la documentación suministrada por Ángel y Elvira que alimentó el informe del perito de Hacienda para constatar la veracidad del mismo. Fajardo, que pidió una sentencia absolutoria, terminó diciendo que, en caso de una fallo en contra, pedía atenuación de la condena por dilatación indebida del procedimiento.

No quisieron ocultar la existencia de las empresas

El abogado de Elena Ángel también consideró lógico la imputación del representante de Aetur, quien fue proveedor de Forelan a través de sus empresas. Destacó que en caso de responsabilidad civil subsidiaria, ésta tendría que ser de todas las asociaciones que formaban parte de Forelan, incluida Aetur. “¿Qué quiere decir el fiscal con trama empresarial?”, preguntó. José Luis Pérez dijo que tanto Ángel como Elvira nunca pretendieron ocultar que habían constituido empresas que proveían a Forelan, por tanto, destacó que es una prueba de que su deseo era prestar servicios de forma transparente. El abogado de Elena Ángel recalcó que su defendida es una persona cualificada que incluso no fue cesada por Asolan cuando se conoció públicamente la denuncia relacionada con Forelan. La denuncia de Aetur fue interpuesta en el año 98.