Fernández Camero compara la anulación de licencias del Princesa Yaiza con las obras que ejecutó la FCM en la Casa de las Cúpulas

El abogado que defiende la mayoría de los casos vinculados con la moratoria turística tanto de empresarios como de los ayuntamientos de Teguise y Yaiza, Felipe Fernández Camero, se refirió ayer en el programa radiofónico El Despertador de la 95.8 a la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el recurso presentado por la Fundación César Manrique (FCM), mediante el cual se han anulado las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza al hotel Princesa Yaiza, de 660 plazas, situado en la parcela B del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca.

Según señaló Fernández Camero, “también la FCM dijo que iba a pedir una indemnización a las administraciones competentes porque el Ayuntamiento de Teguise y el Gobierno de Canarias le dieron una licencia para ejecutar obras”, obras en la sede de la Fundación que luego resultaron ilegales según el TSJC.

Y es que, para el abogado, la sentencia del TSJC implica “la anulación de una sentencia anterior de un juzgado de contencioso de Las Palmas que había inadmitido el recurso de la Fundación César Manrique, cosa que ha sucedido en otros muchos recursos en los juzgados competentes en esta materia administrativa”. “Varios de ellos han dictado sentencia inadmitiendo recursos de la Fundación al considerar que estaban interpuestos fuera de plazo”, añade el letrado.

En este sentido Fernández Camero dijo que si “lo que es evidente es que cuando varios juzgados han inadmitido los pleitos de la Fundación, tan desencaminadas no deben andar las cosas”.

Las consecuencias

Asimismo indicó que lo que está sucediendo es que “asistimos a una ceremonia de la confusión”. La sentencia que anula las licencias del hotel Princesa Yaiza interpuesta por el TSJC anula por un lado la sentencia del juzgado de Las Palmas y, por otro, la licencia “por un solo motivo”, afirmó Fernández Camero. Este motivo, según dijo, se debe a un “defecto formal” que, en todo caso, es “un defecto subsanable”.

Por tanto, la consecuencia de la sentencia del TSJC -dijo- es que cuneado se ejecute habrá que retroceder en el procedimiento, con lo que el “Ayuntamiento tendrá que resolver a la fuerza la licencia que le pidieron y que ahora no existe”.

Además, el abogado explicó que en la sentencia no hay ninguna medida de demolición, “porque no puede haberla”. Según afirmó, “hay que volver atrás y volver a resolverla; esas son las consecuencias se quiera o no se quiera”.