Espino ofrece a Pedro San Ginés el teléfono del fiscal para que denuncie sus sospechas sobre los CACT
La negativa de la dirección política de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de entregar a los grupos de la oposición del Cabildo documentos relativos a la gestión de los CACT, petición inspirada en los interrogantes que les asaltan por la deuda de más de 5 millones de euros que mantienen los centros con la Primera Corporación insular en concepto de canon de los años 2007 y 2008, ha provocado que Coalición Canaria (CC) decida ir a los tribunales y además pida la intervención de la Fiscalía Anticorrupción al sospechar que podrían haber indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que las irregularidades administrativas las dan por sentadas. Pues bien, el consejero del Área, Carlos Espino (PSOE), llamó de forma prepotente al consejero nacionalista Pedro San Ginés para darle el teléfono del fiscal por si era de su interés, según reveló este viernes San Ginés en Agustín Acosta Radio. A parte de las acciones judiciales, CC forzará a la presidenta del Cabildo y primera responsable del Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que administra los CACT a que les facilite lo que en derecho les corresponde al amparo de los estatutos de los centros y del reglamento del Cabildo. Si no lo hace, advierte San Ginés, cometerá un delito. “No es posible que se hayan gastado a libre discreción el canon del Cabildo sin que esté consignado en los presupuestos, sin expedientes y sin procedimientos, y lo que es aún peor, sin contratos que justifiquen las inversiones que dice el consejero que se han acometido”, agrega San Ginés, quien denuncia que al menos hace cinco meses que ni siquiera se reúne el Consejo de Administración del EPEL.
Espino se “escuda” en los técnicos
CC cree que la costumbre de Espino es refugiarse en los técnicos para hacer sus “desmanes” y en tal sentido respetan la actuación del director financiero de la empresa que recopiló la información solicitada por la oposición pero que no les ha llegado, según destacan, por una orden expresa del consejero delegado de Centros Turísticos “que exigió supervisarla antes de su entrega”.