“El que más gana con todo esto es el abogado del Cabildo, al que le adjudican a dedo cada recurso a pesar de los informes negativos de Intervención”
Continúa tranquilo. El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, acudió este martes, acompañado de su abogado, Felipe Fernández Camero, a declarar en calidad de imputado por un delito de prevaricación en relación al caso del complejo residencial Costa Roja, un delito que se le imputa desde filas socialistas al concederse desde el Ayuntamiento licencia a un complejo residencial con 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en la vía LZ-2, esquina Avenida de Femés, en Playa Blanca. En el proceso están imputados también el secretario del Ayuntamiento sureño, Vicente Bartolomé, y el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo. El primero declaró también este martes ante el juez del Juzgado Número 8 de Instrucción mientras que el segundo hará lo propio este viernes.
El abogado de José Francisco Reyes, Felipe Fernández Camero, entra en los juzgados de Arrecife.
FOTOS: DORY HERNÁNDEZ
El alcalde volvió a ampararse en los informes técnicos y jurídicos para justificar la concesión de la licencia. “La licencia es legal, si no, yo no la hubiera firmado”. Pero lejos de insistir en su inocencia, Reyes mostró su cara más agresiva al describir a los denunciantes de este proceso. “El más interesado en todo esto es el abogado del Cabildo, al que le adjudican a dedo cada recurso a pesar de los informes negativos de la propia Intervención del Cabildo, que ya desaconsejó por ejemplo que no se recurrieran las licencias concedidas en Puerto Calero”, comentó el primer edil a Crónicas.
Según Reyes, todo este proceso obedece a una “campaña orquestada” en la que “el que más gana es el propio abogado del Cabildo, que cobra mucho dinero y que recurre por recurrir y presentar querellas, que ahora está de moda”. Para el alcalde sureño, el abogado de la Primera Corporación insular “ha conseguido a alguien como Carlos Espino [portavoz del PSC en el Cabildo de Lanzarote y consejero de los Centros Turísticos] y Manuel Fajardo [secretario general del PSC en Lanzarote] para que se preste también a este juego”.
Cuestionado sobre los detalles de la querella, en la que se le acusa de conceder la licencia al complejo basándose en un plan del año 73, Reyes explicó que “el Cabildo defiende que no es un suelo sectorizado, y nosotros mantenemos que es un suelo consolidado urbano y residencial”.
Según el máximo dirigente del Ayuntamiento de Yaiza, “el propio PIOL (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote) recoge esa parcela como núcleo urbano de Playa Blanca, cuyo uso turístico está dentro de los planes parciales. Tiene todos los servicios y se trata de una zona consolidada. Costa Roja está dentro del casco de Playa Blanca, núcleo urbano”, afirmó.
Así, mientras según el equipo técnico del área de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, la licencia concedida a Residencial Costa Roja S.L. vulnera flagrantemente la ordenación territorial y urbanística vigente, Reyes opina que “parece en el único lugar de Lanzarote donde es delito construir es en Playa Blanca”.
El alcalde aseguró que “el trío que todo el mundo conoce está obsesionado con el sur de la Isla”, y cuestionó que desde el Cabildo no se recurran las licencias contra Teguise u otros municipios en los que se ha construido mucho más que en Yaiza”. Al contrario, “el Cabildo ha estado incluso negociando con los propios empresarios en zonas como Costa Teguise”, subrayó.
Uso turístico y residencial
La semana pasada, el Juzgado de lo Contencioso reconoció la pretensión del Cabildo de suspender la mencionada licencia, dado que la misma “autoriza un proyecto que va en contra de los parámetros urbanísticos globales que para dicho suelo se establece en el Plan General, al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, a lo que se suma el hecho de que dicha licencia autoriza un uso distinto al establecido (uso turístico) mientras que el proyecto autorizado lo es para uso residencial, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle”.
El secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé, declaró también como imputado este martes, mientras que el jefe de la Oficina Técnica del Consistorio, Antonio Lorenzo, hará lo propio este viernes.
En el mismo informe se afirma que la edificabilidad autorizada en dicho complejo supera cuatro veces los niveles permitidos legalmente, extremo que también negó el alcalde. Por ello, el Juzgado de lo Contencioso autorizó medidas cautelares paralizando la licencia. Ahora es el Juzgado Número 8 de Instrucción el que ha tomado declaración a los imputados en el caso para averiguar si hay o no indicios de delito en la concesión de la citada licencia. Reyes insistió en su inocencia y aseguró “no puede ser delito que falte un solo papel en todo un expediente”.