sábado. 13.08.2022
Manuela Armas presentó en noviembre y sin contar una vez más con sus socios de gobierno una batería de alegaciones en las que pide, entre otras cosas, que no se exima de la calificación territorial a cuartos de apero y pequeños almacenes

El PSOE en el Cabildo quiere del Gobierno de Canarias más dureza en las leyes urbanísticas en zonas rurales

CC y PP de Lanzarote presentaron también en noviembre 47 enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes bajo el lema de “ni un metro más de suelo turístico”; Los cabildos de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, así como el PSC, pidieron en noviembre la retirada del proyecto de ley de medidas urgentes para lograr el consenso, lo que el Gobierno ha visto complicado si ya de por sí había un rechazo de antemano

El Grupo Socialista del Cabildo de Lanzarote no comparte algunas de las previsiones del Gobierno de Canarias sobre la nueva legislación que regulará las actuaciones urbanísticas en el suelo rústico protegido. Y es en este caso el Grupo Socialista porque sus socios de gobierno, según han confirmado este miércoles a Crónicas, no sabían nada del asunto. Eso es lo que se deduce del escrito de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, firmado por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, en nombre de la Primera Corporación y remitidas el pasado 16 de noviembre al Ejecutivo, sin contar una vez más con el PIL, lo que ha vuelto a provocar otro enfado en la formación nacionalista. La Primera Corporación insular apuesta, según el escrito de la presidenta, por endurecer los requisitos y los controles para la creación de determinadas infraestructuras y aboga también por fijar claramente los parámetros, los usos y las dimensiones según los cuales se permitiría, en su caso, su construcción.

Establecimientos turísticos

El debate afecta a la ampliación e implantación de nuevas bodegas (en especial en el Paisaje Protegido de La Geria), a los cuartos de apero y pequeños almacenes o a la instalación de redes eléctricas y de distribución de aguas, entre otras actuaciones, pero no olvida tampoco el polémico asunto de la ordenación territorial y los establecimientos hoteleros. En este sentido, el Cabildo alega que “no nos parece de recibo que el proyecto prevea que, mediante decreto del Gobierno de Canarias, se pueda modificar la suspensión de las autorizaciones previa fuera de los casos previstos en el artículo 16 del proyecto de Ley”. Señalan las alegaciones el Cabildo que “no compartimos que los proyectos de sustitución, rehabilitación y reforma no se sometan en ciertos supuestos a licencia urbanística municipal”.

Cuartos de aperos y bodegas

En las alegaciones del Cabildo existe el temor de que se abra la mano en exceso de manera injustificada. Entre otros ejemplos, la Máxima Corporación lanzaroteña está en contra de la modificación propuesta de uno de los puntos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales de Canarias, al considerar que no debe eximirse de obtener la Calificación Territorial a los cuartos de aperos, bodegas en las zonas vitivinícolas y pequeños almacenes a pesar de que no superen la cota natural del terreno.

Una de las alegaciones del Cabildo se centra en el asunto concreto de las bodegas. "Esta modificación", reza en el escrito de alegaciones, "permitiría, salvo que el Plan Insular de Ordenación o los correspondientes planes territoriales lo prohíban, la construcción en cualquier categoría de suelo rústico de bodegas e instalaciones vinculadas a la explotación mediante calificación territorial, siempre que se acredite la necesidad de su implantación en el entorno de la explotación y permanezcan las edificaciones y construcciones directamente vinculadas a la actividad agraria".

Sobre este último aspecto, los técnicos del Cabildo afirman que "deben establecerse dimensiones máximas de estas bodegas que, en cualquier caso, deben ser proporcionales a la ex- tensión de la explotación fehacientemente vinculada a la agricultura", así como que tienen que establecerse "condiciones estéticas, funcionales y medioambientales que aseguren su adecuada inserción en el territorio".

La situación de los corrales de cabras también forma parte del contenido de las sugerencias del Cabildo de Lanzarote. "Respecto a la regularización de explotaciones ganaderas ejecutadas sin título administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, de 13 de mayo de 1999, ofrece serias dudas legalizar explotaciones ganaderas en suelo rústico de asentamiento rural por su más que previsible incompatibilidad con viviendas residenciales y en suelo rústico de protección ambiental", alertan desde la institución.

La Ley de Medidas Urgentes, al margen de estas diferencias expresadas a través de las alegaciones ha venido aportando mucha polémica, sobre todo después de que el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, anunciara que esta normativa incluiría mecanismos para facilitar la legalización de los hoteles con licencias anuladas, algo que el Cabildo consideró una "deslealtad".

Las enmiendas de CC y PP, “ni un metro más de suelo turístico”

Por su parte, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) presentaron también el pasado 17 de noviembre un total de 47 enmiendas a la citada Ley, dos de ellas correspondientes a la exposición de motivos, 34 al articulado y el resto a las disposiciones adicionales. Según la información a la que ha tenido acceso este medio, estas alegaciones de CC y PP se han elaborado en consenso con diferentes colectivos, desde los agricultores, los hoteleros, el Colegio de Arquitectos, etcétera. Nacionalistas y populares exigen, bajo el lema de “ni un metro más de suelo turístico”, que se respete el precepto defendido por la iniciativa popular y que no se permita la clasificación de ni un centímetro más de suelo para uso turístico”. “Se trata de un problema que no es coyuntural, sino estructural que debe afrontarse con medidas estables de contención de la ocupación del territorio”, sostienen.

Las enmiendas de CC y PP inciden en que la Ley se ha convertido en un instrumento contra la crisis, ya que se fomenta la rehabilitación y, por tanto, la realización de obras; se fomenta el empleo y la formación; y se facilita la actividad agrícola e industrial, lo que se puede traducir en preservación y creación de puestos de trabajo.

Críticas a la presidenta

Desde Coalición Canaria se asegura que por el mes de julio de 2008 la presidenta, en presencia del Jefe de la Oficina del PIOL, entre otros, convocó a los portavoces de la oposición con el objeto de explicarnos las alegaciones del Cabildo al borrador de Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, y que ésta criticó sólo de viva voz que “el artículo de la Ley que pretendía regularizar la situación de determinados establecimientos turísticos en Canarias, estaba pensado exclusivamente para resolver la problemática de otras islas, pero resultaba insuficiente para alcanzar dicho objetivo en la isla de Lanzarote”.

No obstante, sostienen los nacionalistas, uno o dos días después, y una vez leídas las alegaciones del Cabildo a la Ley, el consejero Pedro San Ginés pidió cita presidencial para preguntarle a Manuela Armas por qué si esa era la opinión de la presidenta, el Cabildo no hacia alegaciones al respecto al texto de la Ley. “Su respuesta prácticamente textual fue que yo debía entender que con la posición que públicamente había mantenido el PSOE en la isla, ellos no podían ser quienes aparecieran como los impulsores de ese tipo de medidas, pero que descuidase que ellos estarían de acuerdo con todo lo que fuera facilitarles el trabajo en alcanzar el objetivo de la regularización”, aseguran

Tres cabildos pidieron la retirada de la Ley

Cabe recordar que los cabildos de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, así como el PSC, pidieron en noviembre la retirada del proyecto de ley de medidas urgentes para lograr el consenso, lo que el Gobierno veía difícil si había un rechazo de antemano.

La diferencia de pareceres se produjo en la comisión general de cabildos del Parlamento regional, en la que no obstante se coincidió en la necesidad de simplificar la normativa en este ámbito.

Al debate no asistieron la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, ni el titular del de Gran Canaria, José Miguel Pérez, aunque la decisión de esta última Corporación de pedir la retirada del proyecto de ley fue transmitida por Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Los representantes de las corporaciones insulares de Tenerife y La Palma, Ricardo Melchior y José Luis Perestelo, respectivamente, valoraron el proyecto de ley aunque con reparos, y el presidente de la corporación palmera se mostró contrario a su retirada por entender que supondría aplazarlo demasiado en el tiempo.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, explicó que con este proyecto el Gobierno pretende corregir las disfunciones y complicaciones detectadas tras cinco años de aplicación de las directrices de ordenación del turismo y nueve desde la entrada en vigor del texto refundido de la legislación sobre el territorio.

Estas normas fueron aprobadas con consenso "porque quizás había las condiciones políticas para alcanzarlo" y el Gobierno regional espera ahora apelar a esta posibilidad, pero es "difícil" si el proyecto es "prejuzgado con anterioridad y se ha tomado ya la decisión de solicitar su rechazo", añadió Berriel.

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