El Juzgado de lo Social de Arrecife, saturado

El excesivo número de expedientes abiertos supone para cualquier trabajador que reclama un pago una espera de hasta 10 meses para conocer la sentencia

El Juzgado de lo Social Número 1 de Arrecife no da abasto. A pesar de la celeridad que su titular imprime a la hora de tramitar todos y cada uno de los juicios que día a día van celebrándose, la unidad judicial no puede soportar la cifra de 1.800 pleitos anuales.

Los letrados dan fe de una paulatina ralentización en la emisión de sentencias lo que, teniendo en cuenta el número de casos que se manejan cada martes, miércoles y jueves en el Juzgado de lo Social, es bastante comprensible.

La Proposición No de Ley (PNL) defendida por el Partido Popular que pretendía instar al Gobierno central a la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Arrecife fue derrotada el pasado 20 de diciembre en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista e Izquierda Republicana votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. Por su parte, Coalición Canaria y el PP votaron a favor. La PNL también solicitaba que por cada juzgado hubiera una plaza de fiscal.

Aunque ciertas fuentes judiciales achacan el reciente descenso en el número de sentencias emanadas por la titular a unas supuestas pretensiones profesionales insatisfechas, la mayoría de letrados y agentes sociales consultados por este diario coinciden en apuntar que el trabajo a destajo es lo que está provocando que el resultado de juicios como los de Iberia se demoren más de lo deseado.

Esta excesiva cantidad de expedientes abiertos se traduce en que cualquier trabajador que hace una reclamación de pago tiene que esperar hasta 10 meses para conocer la sentencia.

Y es que la negativa del Ministerio de Justicia a la creación de un segundo Juzgado de lo Social para Arrecife, algo que estaba ya programado, parece estar pasando factura, y de qué manera. Como muestra un botón: la crisis turística que en la actualidad vive la Isla está disparando los despidos improcedentes en un gran número de empresas relacionadas con el sector. Así lo denunciaron a este medio representantes de sindicatos en la Isla como Andrés Barreto, portavoz de Intersindical Canaria (IC), quien reconoce que cada día recibe más de 30 consultas de parte de ex empleados que pretenden resarcir su honor laboral. Los trabajadores que saben que esos contratos generan fijeza inmediata en el empleo presentan una demanda cuando son despedidos para acceder a la respectiva indemnización.

Dando esquinazo a la Justicia

Quienes acuden al Juzgado de lo Social en defensa de los derechos de los trabajadores denuncian que hay empresas que cambian continuamente de nombre para no tener que afrontar los pertinentes pagos a los trabajadores. Fuentes oficiales han confirmado a “Crónicas” que en Lanzarote incluso se ha dado el peculiar caso de una compañía encargada de proveer de los servicios de socorrismo a los hoteles (ahora obligatorios), que llegó a variar su denominación como empresa hasta cuatro veces en un solo año, precisamente tratando de dar esquinazo a los derechos indemnizatorios que asis-tían a los trabajadores que despidió.

Mientras, la realidad que vive el Juzgado de lo Social es de saturación total. “Cada día en esta sala se celebran una media de entre 20 y 30 juicios. No es posible pedirle más celeridad a la jueza, que ya hace bastante, y más cuando tienen que incoarse diligencias previas, celebrarse vistas orales y dar cada uno de los pertinentes pasos que cada juicio conlleva”, precisa el propio Barreto.

Más de cincuenta trabajadores acuden cada semana al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) del Gobierno de Canarias en Lanzarote, con la firme idea de hacer valer sus derechos sin necesidad de continuar el proceso jurídico en el Juzgado de lo Social de Arrecife, que recibió el año pasado cerca de 1.800 demandas.

A la saturación del Juzgado se le suman el hecho de que al 80 por ciento de los trabajadores se les formalizan contratos eventuales ‘por circunstancias de la producción'. “La mayor parte de los despidos se debe a la eventualidad y a la economía sumergida que muchas compañías practican”, comenta el portavoz sindical. Estos contratos son ilegales porque no tienen causalidad, y la ley exige que se especifique con precisión la causa suficiente para suscribirlos.