José Francisco Reyes asegura que hay partidos políticos “desempolvando estas denuncias que se sabrá en su momento”.

El alcalde de Yaiza aclara que está acusado por "prevaricación" y no por delitos de corrupción

El primer edil sureño insiste en que en las diligencias practicadas por la Fiscalía "no se imputan delito de corrupción ni al alcalde, secretario o técnicos municipales"

Acn

El alcalde del municipio de Yaiza, José Francisco Reyes, ha desmentido este jueves que esté acusado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por delitos de corrupción, tal como publica el diario La Provincia. Reyes reprueba la utilización de “manera intencionada" del citado periódico y afirma que hay partidos políticos “desempolvando estas denuncias”.

En un comunicado remitido por el Ayuntamiento hoy y recogido por ACN Press, el alcalde sureño precisa que "únicamente la Fiscalía instruye causas contra Reyes por unos supuestos delitos de prevaricación al otorgar una autorización de apertura de un restaurante en el pueblo de Yaiza, donde se solicita la inhabilitación por 10 años, y otorgar licencias para viviendas unifamiliares en el pueblo de Las Breñas, ostentando el Partido Popular de Yaiza la concejalía de Urbanismo en la Legislatura 1995-99".

Así, insiste en aclarar que en las diligencias practicadas por la Fiscalía "no se imputan delito de corrupción ni al alcalde, secretario o técnicos municipales", y señala que hay partidos políticos “ desempolvando estas denuncias que se sabrá en su momento”.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se precisa que "la difusión de estas noticias donde se imputan supuestos delitos al alcalde no es nueva" e indica que "este pasado verano un conocido semanario de difusión gratuita ya divulgó la noticia, eso sí, titulada de forma correcta: la Fiscalía imputa delitos de prevaricación y no corrupción, como hoy, divulga un rotativo gran canario".

De ello, el primer edil de Yaiza hace uso en su comunicado de las definiciones que la Real Academia Española realiza sobre los conceptos de prevaricación y corrupción, entendiendo la primera como "delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario" y la segunda como "en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores".