El abogado del Cabildo en los temas de Inalsa estima que la primera fase de la concursal terminará después del verano

El abogado del Cabildo en los temas concernientes a Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), Ignacio Calatayud, dejó claros varios aspectos oscuros de la actual situación de la empresa pública en las declaraciones que ha realizado este martes en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio. El más importante, que el tremendo lío que se ha organizado en torno a la concursal que se decretó tras la petición realizada por la ex presidenta Manuela Armas tiene fecha de caducidad: después del verano. Será entonces, en la segunda fase, cuando se establezca un convenio que devuelva las riendas de la gestión a los verdaderos propietarios de la compañía.

Una de las claves del proceso actualmente abierto en Inalsa es saber cuándo concluye, asunto que hasta la fecha no se había resuelto. “Sabemos cuándo va a terminar todo. Un concurso de acreedores tiene varias fases: la primera fase, que es la fase común, en la que se determina qué es lo que se debe y qué bienes se tienen para pagar lo que se debe, ya está concluyendo. Es uno de los trabajos fundamentales de los administradores concursales, trabajos que ya tienen que estar concluidos. Creo que después del verano, probablemente en septiembre, se iniciará la fase de convenio. En el caso de que se llegue al convenio, que es lo esperado, la gestión de la empresa volvería a sus propietarios, que en este caso es el Consorcio Insular del Agua”, relató para determinar con precisión uno de los asuntos que más preocupan sobre la situación de la empresa pública.

El abogado no dejó lugar a la duda sobre la idea que tiene el actual grupo de gobierno sobre el escenario que se van a encontrar cuando termine la actual situación. Tanto es así que, como ha explicado Pedro San Ginés en varias ocasiones, cuando el Cabildo recupere el control van a separar totalmente la gestión de la empresa de la política, profesionalizando al máximo su desarrollo de presente y de futuro. “Es una cuestión importante. Una vez que se resuelva el concurso se pretende profesionalizar la gestión de la empresa, con el fin de evitar que una empresa así se mueva exclusivamente por intereses políticos. Lo que se pretende es que se gestione de forma más profesional”, comentó.

Petición de disolución de la empresa

Pero no sólo habló de este asunto. El letrado se refirió igualmente a la polémica suscitada en torno a la petición de los administradores de provocar el cese de la actividad y la disolución de Inalsa como tal. Al respecto aseveró que “aunque es cierto que hace unos dos meses los administradores presentaron un escrito en el juzgado que no ha sido traslado a Inalsa para que pueda dar su parecer, escrito en el que se solicita el cese de actividad al entender que no es viable económicamente, lo cierto es que todavía no lo tenemos, y cuando lo tengamos contestaremos que no sólo no estamos de acuerdo con lo de que la empresa no es viable sino que entendemos que es una empresa que tiene mucho futuro”. “De todos modos, no le doy demasiada importancia a este escrito, que a mi juicio sólo busca restar importancia a posibles responsabilidades que hayan podido tener los administradores como consecuencia de las pérdidas que se han originado durante su gestión, más que la necesidad o consideración de que Inalsa debe cesar en su actividad”, explicó.

Calatayud, que advirtió de que trata de ser respetuoso con la actuación de los administradores, tiene claro que la gestión que se ha realizado desde la intervención en la empresa podría haber sido “muchísimo mejor”, con “mayores esfuerzos”. “Creo que una gestión más adecuada por su parte haría más viable la compañía. De hecho, para eso se les paga”, subrayó.

Situación de los embargos

Para el abogado del Cabildo los embargos que se han realizado, uno de los temas más polémicos, han tenido un objetivo, que ha sido el de presionar para intentar saldar la deuda. “Han pretendido posicionarse de forma ventajosa para poder negociar. Yo no estoy de acuerdo con la medida tal y como se adoptó y tal y como se desarrolló la vista. Las partes tienen una serie de derechos que tienen que ser respetados, y en esa vista no se probaron los daños por determinadas circunstancias, con lo que no se tendría que haber tomado la medida cautelar. Los administradores no probaron nada porque no hicieron bien su trabajo, y el magistrado consideró que él mismo debía tomar las riendas del asunto, algo con lo que no estamos de acuerdo y que vamos a recurrir”, sentenció.

En otro orden de cosas subrayó que el tema de los cortes del agua nada tiene que ver con la parte jurídica, aunque tiene también claro que está vinculado igualmente con la falta de agilidad a la hora de resolver problemas como el de la producción. “Tenemos problemas como que el cincuenta por ciento del agua que se produce no se factura, entre otras cosas porque se va por la red, para lo que es imprescindible hacer obras. Por eso se está trabajando en buscar los recursos necesarios para poder realizar esas infraestructuras, porque eso reducirá los costes y aumentará los beneficios”, indicó finalmente.