Díaz de Aguilar pide a la jueza del "caso Reyes" que retire su imputación y anuncia que se querellará contra el ex alcalde

El conocido abogado Ignacio Díaz de Aguilar ha enviado este miércoles una nota de prensa a este diario en la que aclara de forma contundente numerosos extremos de su implicación en el conocido como "caso Reyes", vinculado con el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte del ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes. En primer lugar, aclara que este miércoles compareció ante la jueza del Juzgado Número 2 de Arrecife, ante la que, además de solicitar que retire la imputación que pesa sobre él, negó categóricamente que hubiera entregado alguna cantidad de dinero para el pago de licencias relacionadas con sus clientes.

En su nota Díaz de Aguilar aclara que ha presentado un escrito en el Juzgado para que una vez que se decida el sobreseimiento de su causa pueda formalizar una querella contra José Francisco Reyes por el delito de acusación y denuncia falsa en curso de leyes con el de calumnia.

De igual modo, explica que en su declaración ante la juez ha negado "categóricamente" los hechos que se le imputan. "El ex alcalde me acusa, confusamente, de haberle entregado dinero para agilizar trámites del plan parcial Las Coloradas. Eso es completamente falso. Jamás he entregado dinero al alcalde para agilizar ni ayudar de ninguna manera a tramitar los expedientes de mis clientes. Vengo asesorando al plan parcial Las Coloradas desde hace mucho tiempo y en los años 1998-2000 a que se refiere el ex alcalde, mi trabajo principal consistía en adaptar ese plan parcial al Plan Insular de Lanzarote. El competente para aprobar definitivamente la adaptación es el Gobierno de Canarias con informe del Cabildo, no el Ayuntamiento, que realiza básicamente actos de trámite", detalla.

El abogado señala que este miércoles ha aportado al Juzgado copia del expediente administrativo que consta en la Consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias relativo a la adaptación del plan parcial Las Coloradas al Plan Insular de Lanzarote. Según su relato, ese expediente se inició el 30 de junio de 1997 y terminó el 10 de marzo de 2000, es decir, casi tres años para un procedimiento que puede

resolverse en uno. "Un alcalde capaz de conceder una licencia en 24 horas no parece que pusiera mucho interés en agilizar esta adaptación al Plan Insular. Es simplemente inverosímil que nadie haya podido pagar premiando semejante agilidad en la tramitación de este expediente", resalta.

Por otro lado, dice desconocer los motivos por los cuales José Francisco Reyes ha realizado esa acusación contra él. "No obstante, y por si pudiera explicar su comportamiento, también he aportado al Juzgado una relación de 107 procedimientos judiciales que llevamos en el despacho en los que pedimos la nulidad de otras tantas licencias otorgadas por el ex alcalde", expone, para añadir que "hasta el momento se han dictado dos sentencias declarando la nulidad de las licencias de dos hoteles".