CSIF denuncia la gestión de Aparicio en el hospital de Lanzarote y amenaza con emprender acciones legales si continúa con la presión a algunos trabajadores
La Unión Provincial de Las Palmas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido este miércoles un durísimo comunicado de prensa en el que hace una crítica a la gestión política y laboral que está realizando la Gerencia del Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife de la crisis del coronavirus. No es un hecho casual que se mande en medio de la crisis una nota de este calibre. De hecho, responde al cruce de declaraciones que se ha producido en la emisora del grupo Crónicas entre su portavoz en materia sanitaria, Yoné Caraballo, y el gerente del centro, José Luis Aparicio, quien comentó la semana pasada que era normal que el enfermero hiciera las críticas que hace sobre la falta de material en el centro puesto que lleva de baja prácticamente desde que se inició la crisis y es imposible que conozca cuánto material ha llegado y cómo se ha distribuido.
El sindicato insiste en este comunicado en denunciar públicamente la carencia de material de protección de los trabajadores "debido a una gestión política que prima el partidismo a la protección de los trabajadores sanitarios". "Desde el minuto uno de esta crisis las directrices partidistas de los cargos de designación política del Hospital José Molina Orosa anteponen la promoción política y el banal ejercico del electoralismo frente a la actuación eficaz y reclamación justa de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores sanitarios. La injerencia partidista es tal que se han primado las campañas publicitarias de manipulación de la opinión pública al cumplimiento del deber y legítima exigencia de protección de la primera barrera ante la epidemia, que no es otra que el personal sanitario", argumentan.
En esta línea, afirman que "las constantes reclamaciones de medios de protección de los trabajadores se han visto cercenadas por la gerencia del Hopital, más preocupada por la imagen política de la gestión de esta crisis que de proteger a los sanitarios. Así, dicen que ante la inactividad de la gerencia, han sido los propios sanitarios los que han movido sus contactos y usados sus medios para obtener equipos de protección de forma rápida y segura gracias a la labor de ciudadanos voluntarios que han suplido, sin pedir nada a cambio, a la nefasta, por inexistente, labor de la administración. "Todos somos conscientes de la escasez de medios de protección y de la carencia de test suficientes para determinar la dimensión del contagio, pero la ciudadanía debe ser consciente que la escasez y carencias han sido negadas hasta la saciedad por parte de la gerencia del Hospital José Molina Orosa, aún a costa de la salud de los trabajadores sanitarios. Con el fin de evitar lo que se ha llamado literalmente desde la Gerencia combatir el miedo, malgastar material, alarmar sin motivo, se ha dirigido deliberadamente una política de manipulación", recalcan.
Por otro lado, CSIF argumenta en su nota que el personal sanitario asume el papel de barrera de contención, pero lo que no podemos permitir es que, al no estar debidamente protegidos, nos convirtamos en vector de trasmisión, tanto en nuestro entorno familiar y social, como para el resto de los pacientes, profesionales y materiales no contaminados del Hospital. "Los datos, sin embargo, no mienten: Canarias es la comunidad con mayor número de sanitarios infectados por SARSCov 19, la escasez de equipos de protección individual (EPI) es pública y notoria en todo el país y la errática política llevada a cabo por los gobernantes ha sido denunciada por los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios", aseveran.
"Denunciamos públicamente la toma de decisiones y adopción de medidas en materia de prevención laboral obviando deliberadamente la participación de los representantes sindicales e infringiendo la legislación de forma manifiesta. Desde el día 13 de marzo este sindicato solicitó por escrito la convocatoria urgente del Comité Laboral, con un sólo tema en el orden del día: Medidas organizativas y preventivas a adoptar para garantizar la seguridad de los trabajadores del área de salud de Lanzarote frente a la epidemia del SARS-Cov-19. Sin embargo, la decisión de la Gerencia y de la Directora del área de Lanzarote, ha sido la de obviar dicha petición y negar la obligada participación de los representantes sindicales mediante resolución de 18 de marzo de 2020, con número de registro SCS 28349/2020. Así, de manera insólita en Canarias, la dirección politica del Hospital José Molina Orosa incumple de forma manifiesta la obligación prevista en el art. 33 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a la dirección a consultar y contar con la colaboración de los representantes sindicales en la toma de decisiones y adopción de medidas de protección y de seguridad de los trabajadores", añaden.
En otro orden de cosas, aseguran que la Gerencia del Hospital y la Directora del Área de Lanzarote, ambos cargos de designación politica, han apartado a los representantes de los trabajadores y han cercenado el ejercicio del derecho a la libertad sindical negando la participación de los legítimos representantes sindicales con el único fin de aplicar de forma subjetiva, primando el interés partidista, las medidas previstas en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCOV-19. "Conminamos al señor Aparicio, gerente del Hospital José Molina Orosa, a que se abstenga se continuar con la política de perseguir e insultar a los delegados sindicales pues de lo contrario nos veremos obligados a iniciar acciones legales en defensa del libre ejercicio del derecho sindical y del derecho a la intimidad y protección de datos de los trabajadores. Las declaraciones públicas y las conversaciones privadas mantenidas por el gerente del Hospital José Molina Orosa con los representantes sindicales denotan un ejercicio despótico indeseable en quien ostenta la gerencia. En estos momentos los representantes públicos deben hacer gala de la capacidad de gestión y liderazgo que les haga ser merecedores del cargo público para el que han sido designados. Negar la realidad, gestionar bajo los criterios de opacidad e imposición de la autoridad, obviar a los representantes sindicales o insultar a los trabajadores son actitudes que desmerecen a quien las prodiga. Hacer público el estado de baja y señalar públicamente a sus trabajadores no sólo vulnera la Ley de Protección de datos sino que es un acto de cobardía indigno de cualquier cargo público", explican sobre las declaraciones hechas por el gerente en la emisora de este grupo de comunicación.
"Invitamos al señor Aparicio a que rectifique públicamente y respete la función y acción de los legítimos representantes de los trabajadores. La imposición del miedo y de la opacidad en el tratamiento e la información no es política de demócratas", apuntan por último.