El Consorcio del Agua emprenderá acciones legales contra Ignacio Calatayud y los procuradores que han intervenido en diversos procedimientos de INALSA y de la entidad
La presidenta del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha aprovechado la rueda de prensa que ha convocado de urgencia suspendiendo la que tenía programada para abordar la situación económica de los Centros Turísticos para anunciar que va a emprender acciones legales contra el abogado Ignacio Calatayud, asesor en su momento de Pedro San Ginés en la Primera Corporación insular. En nota de prensa posterior a la convocatoria explica que al poco tiempo de su toma de posesión recibió una visita del conocido abogado en la que le proponía la firma de un acuerdo con la UTE EDAM JANUBIO, acuerdo que suponía poner fin al procedimiento concursal y reintegrar a Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) algo más de 1,6 millones de euros.
"Ante esta propuesta, y desconociendo los antecedentes del procedimiento, solicité que se me hiciera llegar la documentación necesaria para valorarla. Sorprendentemente, la documentación existente en el Consorcio era incompleta y nuestros sucesivos requerimientos a Calatayud y a los procuradores para que la complementen han resultado infructuosos", ha señalado Corujo.
La presidenta ha manifestado su absoluto desconcierto ante una situación que considera inaceptable. "Esta sorprendente negativa, más allá de la irregularidad que representa y de la quiebra que ocasiona en la confianza que debe presidir las relaciones entre letrados y clientes, obliga a suponer la existencia de una deliberada estrategia de ocultación de información de vital importancia para la empresa pública", ha subrayado durante su comparecencia ante los medios.
En esta línea, resaltó que el gerente ha dado cuenta a la Asamblea del Consorcio de esta situación irregular y ha propuesto apartar a los profesionales que han intervenido en estos procedimientos, tanto al abogado como a los procuradores, con la finalidad de designar nuevos profesionales que obtengan de los juzgados la documentación requerida.
La Asamblea del Consorcio ha aprobado esta propuesta que incluye, además, emprender las acciones que en derecho se consideren adecuadas en la defensa de los intereses de INALSA y el Consorcio.
Situación provocada por Eugenio
Por otro lado, según ha informado Corujo, la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote ha tenido conocimiento en la sesión celebrada en la mañana de este lunes de un informe en el que se detalla que Echedey Eugenio, en su condición de presidente delegado de la entidad, dejó sin efecto de manera irregular la subida de tarifas acordada por la Asamblea del Consorcio.
En esta línea, la presidenta recordó que el Consorcio acordó el 25 de abril de 2018 una subida de precio correspondiente al año 2017 del 1,18%. Posteriormente, el 2 de julio de 2018, vuelve a acordar una revisión de precios cifrada en el 1,06% y determina tramitarlas en forma de subida conjunta para lo cual se dirige a la Comisión Territorial de Precios de Canarias solicitando que se autorice una subida de precios del 2,24% (resultado de acumular las dos anteriores).
Sin embargo, y sin procedimiento administrativo alguno, el 10 de abril de 2019, en plena precampaña de las elecciones locales y autonómicas, Echedey Eugenio se dirigió a la citada Comisión solicitando que se deje sin efecto la subida, ya que iba a ser aprobada definitivamente en el Pleno de la Comisión a celebrar el día siguiente, aduciendo "razones de oportunidad".
Para la presidenta, estos hechos son inadmisibles. "Esto es gravísimo. La decisión de modificar los precios del agua no es caprichosa. Responde a un procedimiento administrativo con dos objetivos: cumplir las obligaciones contractuales con Canal Gestión y, lo más importante, garantizar la estabilidad económica de la gestión del Ciclo Integral del Agua", ha señalado.
"Insisto, la actualización es resultado de un proceso administrativo y, como consecuencia de ese procedimiento, el Consorcio aprueba una subida de tarifas sujeta a la ley, con los informes pertinentes y en el órgano competente para ello, y Echedey Eugenio se toma unas atribuciones que no le corresponden para dejar sin efecto una decisión adoptada por la Asamblea del Consorcio", ha explicado la presidenta.
Corujo ha destacado que las primeras estimaciones indican que esta decisión arbitraria de Echedey Eugenio puede haber costado al Consorcio por encima del medio millón de euros, hasta el momento, y ha asegurado que llegará hasta el final en la exigencia de responsabilidades.
"Pedro San Ginés debe aclarar si compartió con Echedey Eugenio esta decisión o si, por el contrario, el presidente delegado le ocultó esta maniobra solo explicable en clave electoralista", ha finalizado la presidenta.