La falta de acuerdo entre los taxistas motiva la decisión del Cabildo

A concurso público la gestión indirecta de la central única de taxis

El plan de austeridad de la Primera Corporación insular depende del resultado de la cumbre de presidentes de cabildos del miércoles. Entre el furor del debate a cuenta de las gratificaciones pagadas por el Cabildo, Carlos Espino promete discutir en un pleno el convenio Yudaya

El Cabildo aprobó este lunes sacar a concurso público la gestión indirecta de la central única de flotas de taxis de Lanzarote conforme a las ordenanzas municipales de los siete ayuntamientos. El consejero de Transportes, Ramón Bermúdez, explicó en el pleno que el paso inmediato es la redacción del pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirá la adjudicación y el funcionamiento de dicha central. El pliego será elaborado por el Servicio de Transportes de la Corporación y aprobado en la Comisión de Transportes al objeto de que sus miembros puedan realizar las observaciones oportunas. Bermúdez recalcó la obligatoriedad de todos los taxistas de la Isla de trabajar exclusivamente a través de la central única de gestión instalada por el Cabildo, y en definitiva la decisión adoptada unánimemente por los grupos políticos está motivada por la falta de consenso entre los profesionales del sector para constituir la federación insular y llevar a acabo la gestión profesionalizada de la central. El Cabildo ha invertido en equipos alrededor de 300.000 euros pero de momento sólo los taxistas de los municipios de Teguise y Yaiza prestan el servicio a través del sistema de localización rápida de vehículos.

Reacción de la Asociación Autoturismo de Lanzarote

La Asociación que agrupa los taxistas de Yaiza, Teguise, Tías, Haría y Tinajo todavía es optimista y después de escuchar al consejero de Transportas y a los portavoces de los partidos en el pleno piensa que los profesionales están a tiempo de alcanzar un acuerdo para coordinar las actividades encaminadas a la regularización, control y funcionamiento del servicio. Teodoro Camacho, directivo de Autoturismo de Lanzarote presente en la sesión plenaria, enseñó a los medios de comunicación el acta de constitución de la Asociación Insular de Radio Taxi Timanfaya, en la que se pretende dar cabida a los taxistas de los siete municipios con representación proporcional al número de licencias que cada uno posea. No obstante, la representatividad en una federación o asociación insular ha sido el principal escollo para que esta pueda constituirse. Los taxistas afiliados a Autoturismo de Lanzarote suman 211 licencias, el mayor número de vehículos de la Isla.

“Plan de Austeridad Institucional”

La moción del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) que proponía la aprobación de un “Plan de Austeridad Institucional” en tiempo de crisis quedó sobre la mesa a petición del grupo de gobierno PIL-PSOE. La presidenta de la Corporación, Manuela Armas, y el portavoz socialista, Carlos Espino, argumentaron a Juan Carlos Becerra, defensor de la propuesta, y a todos los grupos que era prudente esperar el resultado de la reunión de presidentes de los cabildos canarios prevista para este miércoles porque en ese encuentro seguramente se tomarán decisiones condicionantes para las instituciones desde el punto de vista económico. Becerra, entre otros asuntos, propuso contratar los asesores estrictamente necesarios y reducir al máximo posible el gasto corriente, mientras que Coalición Canaria agregaba la propuesta de reducir un 50 por ciento el aumento de sueldo de los cargos públicos. El PSOE sostuvo que difícilmente CC podía hablar de control del gasto cuando el Gobierno de Canarias, que lidera junto al PP, se gasta millones y millones de euros en Policía Autonómica, Televisión y Radio canaria. Armas aseguró que la moción del PNL sería retomada después de la cumbre de presidentes cabildicios, sin embargo, Becerra subrayó que todos los cabildos de Canarias, excepto el de Lanzarote, ya han adoptado medidas austeras.

Moción de PIL-PSOE ante la crisis

Las fuerzas que ostentan el poder en el Cabildo aprobaron una moción para que la Corporación continúe la ronda de reuniones con los alcaldes de la Isla, aunque la oposición dijo no saber que se producían las mismas, y otros agentes sociales, económicos y sindicales para valorar de forma conjunta la situación económica que afecta a la población insular. Una vez conocida, expone el grupo de gobierno, los ayuntamientos deben presentar un plan de actuaciones bajo la coordinación del Cabildo a fin de conseguir partidas presupuestarias en el plan económico del Ejecutivo canario de 2009. Para el PP la propuesta confirma la “ineptitud e inoperancia” del grupo de gobierno “que con una crisis en marcha todavía está pensando las medidas que debe adoptar”. Por su parte, CC estimó que la moción es a “destiempo” y la tachó como una maniobra para “despejar balones”. En todo caso, la alianza PIL-PSOE también acordó solicitar al Gobierno canario la máxima celeridad en la resolución del concurso eólico exigiendo que dé prioridad en la adjudicación a las ofertas presentadas por las administraciones públicas insulares. Además, pedir al Gobierno regional que acuerde el fraccionamiento de la compensación de la liquidación negativa del REF 2008 en cinco anualidades. Los grupos de la oposición dudaron sobre si el fraccionamiento propuesto es posible o no.

Al final se calentó el pleno

La petición de claridad del PNL sobre la resolución de Presidencia, a propuesta del consejero de Centros Turísticos, que gratifica a un trabajador con 9.900 euros encendió una sesión que hasta el último momento estuvo más que sosegada. Juan Carlos Becerra y Carlos Espino se enzarzaron en un debate en el que Espino llamó a Becerra mentiroso y retorcido y el aludido le respondió diciéndole cínico. Hasta el convenio Yudaya salió a relucir en la discusión, tanto, que Carlos Espino le dijo al portavoz del PNL que no se preocupara que en un próximo pleno tendrían la oportunidad de debatir el polémico acuerdo urbanístico. En cuanto a la gratificación, el responsable político de Centros Turísticos defendió el plus aclarando que se trata de un acumulado de gratificaciones de once meses y en ningún caso de una suma mensual. Según Espino, el trabajador se merecía el plus porque los trabajos que él le encargó exceden las escalas salariales y el desempeño lo hizo fuera de la jornada laboral. A Becerra no le convencieron las explicaciones del consejero de los CACT y antes de que la discusión subiera de tono la presidenta optó por acabarla y pasar al siguiente punto en agenda.