Ante las declaraciones de Mario Pérez acerca del diálogo de la alta dirección de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) con la UTE Edam - Janubio para negociar una salida al conflicto generado por el contrato de la planta desaladora del Sur, el Comité de Empresa exige al consejero delegado que informe de inmediato al Consejo de Administración de Inalsa acerca de los resultados de las conversaciones. En todo caso, el portavoz del Comité, Manuel Plasencia, cree que la postura de Pérez es totalmente incongruente, ya que fue él mismo el primero en señalar que con la UTE no había nada que hablar.
Pide que el tema se lleve al Consejo
“El Consejo de Administración tiene que saber qué es lo que está dialogando la alta dirección de Inalsa, y nos parece que Mario Pérez no está teniendo en cuenta al Consejo de Administración”, comentó Plasencia, quien ya había criticado que el primer informe de la comisión técnico - jurídica, creada para salvar a la empresa pública de pagar 10 millones de euros, fuese llevado primero a la Asamblea del Consorcio del Agua y no al Consejo de Administración. La Asamblea decidió abrir un expediente para declarar nulo de pleno derecho el contrato suscrito entre Inalsa y la UTE, por el que Edad - Janubio debía construir y explotar la planta desaladora del Sur.
Así, Manuel Plasencia no entiende el por qué ahora Mario Pérez están tan afanado en hablar con la UTE, considerando que la Asamblea abrió un expediente con la intención de declarar nulo el acuerdo. Además, en relación a quienes participan del diálogo para defender los intereses de Inalsa, que según Pérez son: la gerencia, un grupo de abogados de la empresa y “una persona cercana”, Plasencia ironizó preguntándose si dicha persona era cercana a la UTE o a Inalsa. El portavoz del Comité recuerda que prácticamente está en juego la vida de la empresa, así que reclamó máxima transparencia por parte de Mario Pérez. El Comité de Empresa quiere conocer todos los detalles de los contactos que mantiene Inalsa con la UTE y el estado actual de las distintas vías abiertas para contrarrestar el laudo condenatorio emitido por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas. “La empresa está condenada a pagar mucho dinero y el pueblo de Lanzarote tiene derecho a conocer absolutamente todo lo que se está haciendo para evitar ese pago”, apostilló Plasencia.
