La Comisión de Investigación de Inalsa cierra sin señalar responsables sobre la gestión que llevó a la empresa a enfrentarse a un laudo condenatorio
Fotos: Dory Hernández.
Después de tres meses suspendida, este jueves ha vuelto a celebrarse una sesión de la Comisión Investigadora de Inalsa, el órgano creado para depurar responsabilidades políticas sobre la negligente gestión que llevó a la empresa pública enfrentarse a un laudo condenatorio de más de 10 millones de euros por un presunto incumplimiento de contrato con la UTE Edam Janubio. El encuentro no ha servido de mucho y, como viene siendo habitual, se convirtió en el escenario donde poner de manifiesto la mala relación que existe entre el Gobierno y la oposición. Y es que a pesar de los esfuerzos de los grupos opositores, finalmente, no se aportaron las conclusiones del primer proceso probatorio ni se estableció fecha para la celebración del pleno de la Institución en el que se debe dar conocer el informe final de éste órgano.
Así, todo parece indicar que el primer ciclo de la Comisión de Investigación de Inalsa termina como empezó: sin nada nuevo que ofrecer a los ciudadanos y sin que nadie se atreva a pronunciar públicamente los nombres y apellidos de quienes casi llevan a la compañía insular de aguas a la quiebra. “Nos parece una tomadura de pelo que el 26 de abril, a un mes de las elecciones de mayo, se nos convoque a una Comisión de Investigación para la que no existe orden del día. Ni siquiera sabían la fecha del pleno en el que se presentarían las conclusiones”, se quejó la representante del Partido Popular (PP) en el Cabildo, Astrid Pérez.
A menos de un mes para que concluya el mandato, la Comisión investigadora cierra sin señalar responsables y, aún peor, sin poner fecha al inicio del segundo proceso de análisis de pruebas. “Habíamos acordado un segundo proceso de pruebas, de hecho, el PP se dejó pruebas para el segundo periodo debido al interés que generaban las mismas. Sin embargo no vamos a poder concluir porque ya no tenemos tiempo material con la llegada de las elecciones”, se lamentó.
Poco interés
Otra de las quejas del PP es que durante tres meses no se convocara el órgano por no designar sustituto a la actual responsable de la Comisión, Ángeles García. “La presidenta delegada de la Comisión estaba de baja por maternidad y la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, no fue capaz de sustituirla sabiendo que habíamos presentado hasta tres escritos pidiendo que se reanudara el trabajo”, apuntó Pérez.
Para el PP existen pruebas claras que refieren a un presunto delito de falsedad en documento público cometido por la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y el técnico de la compañía, Pedro Márquez, y exigen que se tomen medidas aunque el daño haya prescrito. “Plácida Guerra y Pedro Márquez presentaron un escrito cuando esta señora ya no era consejera de Inalsa engañando a la Agencia de Protección del Medio Urbano sobre quién era el promotor de la obra. Ahí está la falsedad del documento público. Seguramente ha prescrito pero es importante depurar la responsabilidad política”, sostuvo Pérez. La consejera conservadora no duda que “hay interés” por ocultar la verdad de lo sucedido en torno a la construcción de la planta desaladora de Inalsa al Sur de la Isla. En concreto, los populares señalan a Coalición Canaria (CC) como la fuerza más interesada en mantener el teatro de la Comisión Investigadora. “Han convocado esta comisión para hacer el teatro. Para que la ciudadanía crea que están trabajando y que se ha reanudado la investigación pero no es cierto. La verdad es que no les interesa que se sepa la responsabilidad de Mario Pérez, quien recordemos mintió a los lanzaroteños diciendo que desconocía la existencia del laudo condenatorio cuando en realidad estuvo presente en la sesión previa”, concluyó.