Los comerciantes afectados por las obras de la Avenida Marítima exigen la dimisión de Manuel Cabrera
"Irresponsable, incompetente y mentiroso". Así califican al consejero de Comercio del Cabildo de Lanzarote, Manuel Cabrera, los comerciantes afectados por las obras de la Avenida, que este jueves han exigido su dimisión tras las polémicas declaraciones que realizó en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el pasado 24 de febrero, en las que aseveró que "si un comercio tiene que caer porque no aguanta un período de obras de cinco, seis u ocho meses, lamentablemente así va a tener que ser".
La petición de dimisión inmediata de Manuel Cabrera la ha hecho pública este jueves en el programa 'A buena hora' Nicole López, la portavoz de la plataforma de comerciantes afectados por estos trabajos, que se iniciaron el pasado 10 de agosto y que debían haber finalizado el pasado 31 de enero.
"Es un irresponsable, un incompetente y no da la cara ante los empresarios. Solo toma decisiones cuando hay presión mediática", ha manifestado López visiblemente molesta con la actitud del consejero.
"Para nosotros también es un mentiroso porque dice una cosa y luego hace otra. No podemos decir otra cosa de él porque no nos está demostrando otra cosa para poder hablar de él. Creemos que esta persona no es adecuada para este cargo y que debería dimitir o que lo echen y pongan a otra persona, que seguro que lo hará mucho mejor", ha zanjado la portavoz de la plataforma de comerciantes.
Tras varios cierres por unas obras en las que el Cabildo ha concedido dos plazos más a la empresa adjudicataria, los comerciantes afectados aseguran que todavía no han tenido la reunión que les prometieron con los responsables del Cabildo y los gestores de la empresa y siguen vaticinando el cierre de más comercios de la zona.
Cabe recordar, además, que la semana pasada el grupo de gobierno del Cabildo confirmó que la obra de la avenida marítima de Arrecife contempla sanciones por demora y por cumplimiento defectuoso. El pliego de condiciones, según CC y PIL, establece que cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora en los plazos establecidos se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a “imposición de penalidades”. Contempla además un criterio especial de penalización económica por incumplimiento mensual del programa de trabajo, fijada por la propia empresa en el máximo legal, el 10%.
La sensación de los comerciantes y el ritmo de los trabajos apuntan sin embargo a que las obras podrían incluso no estar finalizadas para finales del presente mes de marzo.