Club Lanzarote denuncia ante el Juzgado de Guardia la incautación de su desalinizadora en Montaña Roja
La empresa Club Lanzarote SA ha denunciado este jueves ante el Juzgado de Guardia la incautación de su desalinizadora de la urbanización Montaña Roja mediante el uso de la fuerza y sin ninguna orden judicial que la autorizara, según explican en una nota de prensa enviada a este diario.
En su relato de los hechos, explican que la Policía Local de Yaiza, personal de Canal Gestión Lanzarote y del Consorcio de Aguas de Lanzarote se presentaron sin orden judicial alguna en las instalaciones de la desalinizadora situada en la urbanización Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote, y procedieron a su incautación mediante el uso de la fuerza. "Frente a la negativa de Club Lanzarote de dar acceso, las autoridades presentaron tan sólo una resolución del presidente del Consorcio del día anterior, tomada sin procedimiento, ni audiencia alguna, que procede a la incautación de las instalaciones. La excusa es que la empresa podría haber cometido unas supuestas infracciones leves que podrían ser sancionadas con un total aproximado de 7.000 euros. Ninguna ley permite semejante disparate, expropiar una empresa por una posible multa leve, sin oírla previamente", señalan.
La empresa afirma que desde el año 1988 gestiona de manera pública y pacífica, con el conocimiento y autorización de las autoridades públicas, la desalinizadora situada en el proyecto urbanístico Montaña Roja, como responsable de la prestación del servicio privado del agua. "Club Lanzarote es la empresa promotora y responsable del Plan Parcial Urbanización Montaña Roja. Dicho Plan atribuye a Club Lanzarote la competencia para el abastecimiento y suministro del agua, por lo que no se comprende bien la violenta, por no decir bolivariana, expropiación realizada por el Consorcio", afirman.
"De hecho, en el pasado la sociedad instrumental INALSA se negó a efectuar el suministro en Montaña Roja por entender que no era de su competencia, señalando que la competencia estaba implícita correspondía al promotor de la urbanización, según lo establecido en el Plan Parcial", dicen en su escrito.
Para ellos, la explicación de los presentes hechos parece radicar en la reciente privatización de la gestión del agua en Lanzarote que, desde el año pasado, está siendo gestionada por la mercantil Canal Gestión, controlada al cien por cien por el Canal de Isabel II. "De hecho, según se ha advertido que desde el otorgamiento de la concesión, el Consorcio de Aguas está siguiendo una política muy dura en contra de todo tipo de autoconsumo de agua en la isla, ampliando de esta manera el mercado de su concesionario: Canal Gestión", recuerdan.
Así, advierten de que la política de control público del agua no está exenta de voces discrepantes pues contradice el tenor de la Ley de Aguas de Canarias, que siempre ha facilitado la coexistencia de fuentes públicas y privadas, para de este modo tratar de incentivar la producción de un bien tan escaso y preciado en la isla.
"Ello podría explicar que el acuerdo fuese adoptado por el presidente del Consorcio después de retirar las funciones al vicepresidente, que era quien formalmente las tenía asignadas", concretan por último.
Reacción de Nueva Canarias
El primer partido que ha reaccionado negativamente ante la actuación dirigida por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha sido Nueva Canarias (NC). Curiosamente, es la formación que mantiene el pacto en Yaiza con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), formación que a través de Gladys Acuña ha aplaudido la actuación, por lo que supone para los vecinos. Para ellos, “Pedro San Ginés ha perdido cualquier contacto con la realidad y empieza a actuar como un dictador bananero”.
En la nota de prensa enviada este jueves a este diario recuerdan que actuaciones como ésta hicieron que Coalición Canaria (CC) arruinara Inalsa con el laudo de Edam Janubio, responsabilidad de Mario Pérez, "y tememos por las posibles nuevas indemnizaciones que puedan arruinar también al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote".
"Desde Nueva Canarias hemos asistido atónitos al acontecimiento que se produjo en el día de hoy con la ocupación de las instalaciones de la planta de Montaña Roja por parte del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Tras las informaciones que hemos recabado, no existe ni siquiera una orden judicial que la ampare, simplemente una orden presidencial (a lo dictador) para ocupar la planta por parte del presidente del Cabildo de Lanzarote. Por lo que tenemos que recordar que nuestra isla forma parte del Estado Español y de Europa, y que vivimos en un estado de derecho, y que por lo tanto un presidente del Cabildo no puede tomar por la fuerza propiedades privadas", resaltan.
Los nacionalistas dicen que el acto en sí recuerda a muchas otras locuras que se han cometido en Lanzarote por parte de irresponsables mandatarios de Coalición Canaria, "que después acabamos pagando los lanzaroteños con nuevas indemnizaciones, tal y como ya sucedió con el laudo de Edam Janubio que acabó por arruinar a Inalsa con una deuda de 12 millones de euros".
"El máximo responsable en aquella ocasión fue Mario Pérez, miembro de Coalición Canaria y compañero de filas de Pedro San Ginés. Asimismo, debemos recordar que esta empresa ya ganó un pleito al Gobierno de Canarias llevándose una indemnización de más de 30 millones de euros de los contribuyentes, más dinero de lo que cuesta la circunvalación de Arrecife y el doble que el muelle de cruceros", añaden.
Por todo ello, desde Nueva Canarias solicitan que sea el presidente del Cabildo de Lanzarote quien responda con su propio patrimonio de posibles indemnizaciones.
Finalmente, dicen que resulta sorprendente que San Ginés se haya enterado de lo que pasaba en Montaña Roja cinco años después de ser presidente y sea justo ahora cuando toma por la fuerza unas instalaciones privadas. "En caso de que el objetivo de esta acción sea el bien común, lo lógico es abrir un expediente y solucionarlo por las vías normales, como son los tribunales de justicia, sin poner en riesgo el dinero público y la imagen bananera del Cabildo de Lanzarote", resaltan.