La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) reclama un reparto por territorio e igualitario de las ayudas estatales a pymes y autónomos con el fin de que el tejido productivo de Lanzarote no se quede atrás en la recepción de estas partidas, teniendo en cuenta, además, que la triple paridad así lo recoge.
El presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Francisco Martínez, recuerda este miércoles en nota de prensa de la patronal que el futuro de la economía de la Isla depende en gran medida de estas ayudas, por lo que es necesario que se adopten las acciones necesarias para garantizar un reparto justo y solidario.
En este sentido, insiste en la necesidad de que esta distribución no solo se haga por población y actividad económica sino por territorio. Añade que, si no se tiene en cuenta dicho planteamiento, se corre el riesgo de que la mayor parte de los recursos vayan a parar a aquellos territorios en los que hay más empresas y autónomos, lo que colocaría a Lanzarote en una situación de franca desigualdad, con el riesgo que eso conlleva de cara a poder avanzar hacia la recuperación económica.
A su vez, recuerda que este tratamiento territorial ya ha sido tenido en cuenta en el Archipiélago en otras actuaciones, como ocurre con el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).
Desde la CEL añaden que, "para poder garantizar esa igualdad en todos los territorios, es necesario que en el reparto de ayudas se incorporen criterios específicos con el fin de que los empresarios de las islas no capitalinas, como es el caso de Lanzarote, se puedan acoger a más líneas de ayuda".
Por otro lado, Francisco Martínez pone de manifiesto la necesidad de introducir mejoras en lo que a los requisitos establecidos para acceder a las subvenciones, quitando algunas de las cortapisas que existen actualmente. En este sentido, se refiere a la necesidad de eliminar aspectos como estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda y de referenciar el importe de las subvenciones conforme a las deudas.
Asimismo, se muestra en contra de limitar el acceso a las ayudas a las entidades con pérdidas inferiores al 30%.
