CC, “encantada” con la garantía por parte del PIL de la propiedad pública del agua

Mario Pérez, actual presidente insular de Coalición Canaria, dirigió Inalsa durante la mayor parte de pasada legislatura, y fue con él en el cargo cuando la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas dictó el laudo condenatorio por valor de doce millones de euros contra la compañía pública de aguas por incumplimiento de contrato para la construcción y explotación de una planta desaladora en el Janubio. Y fue Mario Pérez quién inició los trámites ante la justicia ordinaria para la no ejecución de dicho laudo, que de llevarse a cabo dejaría en la práctica ruina a la empresa lanzaroteña. Este jueves, Pérez valoró la sentencia del Juzgado número 13 de Las Palmas, que se conoció por la opinión pública este miércoles y que deniega la “oposición total” de Inalsa a la ejecución del laudo y conmina a la compañía a pagar la astronómica suma a la UTE Edam Janubio. “Ese auto es uno de los muchísimos contenciosos que desde Inalsa se ordenaron a los equipos jurídicos para salvaguardar el carácter público de agua en Lanzarote”, explicó Pérez, que recordó además que aún sigue pendiente la resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas en otro contencioso donde se plantea que el laudo “es contrario al derecho público y además vulnera el carácter público del agua”.

También recordó Mario Pérez que al respecto de este pleito ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Canarias, que ha dado la razón al Cabildo al reconocer que el contrato que se firmó en su día con la UTE es nulo de pleno derecho. Y lo era porque no se había publicado en el Boletín de las Comunidades Europeas, entre otros defectos de forma y fondo.

Otra sentencia favorable a los intereses de Lanzarote fue la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Arrecife, que reafirmó que en Lanzarote el proceso de producción, tratamiento y depuración del agua debe realizarse por el Consorcio Insular de Agua, y no por una empresa privada.

El asunto del contrato con la UTE Edad Janubio firmado en el año 2000 con el socialista Enrique Pérez Parrilla como presidente del Cabildo y Plácida Guerra como consejera delegada de Inalsa es para Coalición Canaria una prueba de las intenciones de entonces de privatizar, al menos en parte, el agua en Lanzarote. “Afortunadamente, tanto la Ley de Aguas, como el reglamento del Consejo Insular de Aguas, reconocen que en el caso de Lanzarote por sus circunstancias especiales el agua debe ser pública”, indicó Mario Pérez.

Y en lo que se refiere a la voz de alarma que lanzó estos días CC respecto a ciertos rumores sobre la intención del Cabildo de vender el 40 por ciento de las acciones de Inalsa, este jueves Pérez se mostraba “encantado” por el comunicado del PIL en el que se garantiza la propiedad pública del agua.