Carlos Espino niega que fuera responsable de las contrataciones de obras y anuncia que se querellará contra Ástrid Pérez

- En caso de imputación, reserva su posible cese para la Ejecutiva Nacional del PSOE. "Tengo tanta capacidad de influencia que Carnes y Embutidos Chacón sigue siendo proveedor con la actual Corporación", indica Espino

El secretario general del Partido Socialista (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, ha negado este viernes en rueda de prensa las acusaciones que contiene la querella formulada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo a propuesta de la actual consejera delegada de la empresa pública, Ástrid Pérez.

En su comparecencia ante los medios de comunicación para valorar la querella admitida a trámite esta semana por el Juzgado Número 1 de Arrecife, en la que se le acusa, entre otros delitos, de cohecho y malversación de fondos públicos, el consejero socialista del Cabildo y ex delegado de los Centros Turísticos ha asegurado que no fue responsable ni de la contratación ni de la ejecución de obras como la reforma de la cocina de los Jameos del Agua, cuyo coste no debía ascender a más de 130.000 euros según un estudio aportado en la demanda, y que al final terminó costando casi 800.000 euros.

Además, según Espino, durante los dos años de su mandato se le dio publicidad a los concursos y se siguieron los trámites y procesos de contratación ordinarios, salvo excepciones que justificó por el acuerdo alcanzado en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos que le permitían realizar contrataciones, solo con su firma, por importes de hasta 6 millones de euros.

El secretario general de los socialistas lanzaroteños, que compareció junto a la vicesecretaria general, Isabel Martín, y el secretario de Organización, Miguel González, aseguró que "en todo momento las decisiones fueron de los técnicos" y que "siempre se optó por la mejor oferta entre los posibles proveedores". En el caso concreto de Carnes y Embutidos Chacón, empresa propiedad del hermano de la ex presidenta del Cabildo, Manuela Armas (PSC), Espino ironizó advirtiendo de que tiene "tanta capacidad de influencia que Carnes y Embutidos Chacón sigue siendo proveedor con la actual Corporación". Sostuvo que "la decisión" de optar por este proveedor para los Centros "no fue ni mía ni de mi asesor".

Asimismo, el consejero desmintió que le pidiera a un técnico o directivo de la empresa pública la elaboración de un informe que recomendaba la contratación de la empresa Climafrical', propieda del empresario Antonio González, en las listas del PSC al Cabildo de 2003, para la realización de las obras de la cocina de los Jameos, de las que dijo que adolecían de ciertos "aspectos legales" en su proyecto primario, por lo que "el elaborado por la anterior Corporación hubo que modificarlo porque no respondía a las necesidades y contaba con impedimentos de Sanidad", incluyendo en el siguiente proyecto aspectos nuevos como, entre otras cosas, la construcción de un cuarto de basuras.

Espino ha preferido no pronunciarse sobre otras acusaciones que rezan en la querella, como la contratación del asesor o la creación de otra página web alternativa de los Centros Turísticos, de la que únicamente dijo que "a la larga será más económica" que la que ya existía.

Querella contra Ástrid Pérez

Por otro lado, el secretario general del PSC en Lanzarote, que sostuvo que aún no ha recibido notificación de la admisión a trámite de la querella, anunció que durante los primeros días de la próxima semana demandará a Ástrid Pérez por un presunto delito contra la información, por supueta ocultación de información, ya que, a día de hoy, "la consejera no ha entregado la información solicitada desde enero", relativa al supuesto pago ordenado por Espino a varios proveedores, por importe de 880.000 euros, justo antes de que se produjera la moción de censura de CC, PP, PIL y PNL, que sacaba a los socialistas del Gobierno en minoría del Cabildo insular de Lanzarote.

El consejero socialista afirmó que ha solicitado hasta en tres ocasiones las pruebas documentales de las acusaciones de esas irregularidades lanzadas por la presidenta insular del PP, sin obtener respuesta. "Inicialmente entendí la ocultación de información como una muestra más de la mala fe de la consejera, que dificultaba así mi defensa ante la opinión pública. Sin embargo, a día de hoy no puedo dejar de sospechar que en este tiempo se haya intentado manipular los expedientes o hacer desaparecer determinados documentos para justificar las acusaciones”, señaló en la rueda de prensa.

Espino destacó, “entre las medias verdades o directamente falsedades” lanzadas por la presidenta del Partido Popular, el supuesto mandato del Consejo de Administración para la interposición de la querella contra su persona. “Lo cierto es que en aquel Consejo de Administración la Fundación César Manrique y los empresarios turísticos no comparecieron y el Comité de Empresa se abstuvo, al no disponer de informes jurídicos o técnicos que avalaran las acusaciones”, dijo. En este sentido, criticó que el respaldo de CC, PIL, PNL y PP fue “político, voluntarista y arbitrario”, pues se ratificó la propuesta de Pérez de acudir a los Tribunales sin ningún sustento documental.

Diferencia de imputaciones

En caso de quedar imputado, Espino afirmó que reserva su posible cese a la Ejecutiva Nacional del PSOE. "En el PSC hemos trazado una línea en la que no hemos exigido que dimitieran todos los cargos públicos imputados. Hemos diferenciado los casos según la gravedad de los hechos y las imputaciones", aseveró.

Espino ha anunciado que, "en contra de quienes piensan que el PSC iba a convertirse en cómplice silencioso de quienes gobiernan en las instituciones públicas de la Isla, con este pacto de la desvergüenza, el partido y este secretario general no bajaremos el tono de nuestradenuncia con lo que actualmente está ocurriendo en Lanzarote". Como ejemplo, puso el caso del Ayuntamiento de Arrecife, cuya "mayoría depende del voto de una concejal que está ahora mismo en libertad bajo fianza".

El secretario general del PSC en Lanzarote manifestó que si la intención de la demanda judicial es equiparar al PSOE con otras fuerzas cuestionadas por la Ley, será un completo fracaso. “El Partido Socialista no va a reducir un ápice el nivel de crítica ni la denuncia a situaciones como la del Ayuntamiento de Arrecife, con un alcalde rehén del PIL y de sus concejales acusados de corrupción”, concluyó.