Los campistas de Lanzarote, en pie de guerra contra la actual normativa de ordenación en la Isla
Los campistas de Lanzarote siguen en pie de guerra contra la actual normativa de ordenación en la Isla que, asegura, les resta derechos y les impide el uso y disfrute adecuados de esta actividad. Su malestar con los actuales dirigentes de la política lanzaroteña es tal que manifiestan que el alcalde de Haría, José Torres, les ha tratado peor que el Cabildo de Lanzarote trata al propio Ayuntamiento de Haría en el conflicto de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s). Así lo ha manifiestado a este diario Antonio González, presidente de la Asociación de Autocaravanistas de la isla de Lanzarote, quien recuerda que recientemente el regidor norteño les prohibió la acampada en la zona costera de Arrieta, concretamente en la playa de La Garita "alegando que había un problema de salubridad pública y que un área del espacio que ocupábamos era de titularidad privada". "Cerró la playa sin hablar con la propietaria ni nada", denuncian, hechos a los que se suman los metros obligatorios que hay que reservar, desde la playa, como dominio público con la nueva Ley de Costas.
Aunque en un principio se les aseguró que no recibirían ningún tipo de denuncia por haber acampado en La Garita, lo cierto es que Antonio González manifiesta que a día de hoy son nueve las denuncias, interpuestas en su día por la Policía Local, que se están tramitando a través del Gobierno de Canarias. "El alcalde no quiere que estemos por el norte. La tiene cogida con la gente de la autocaravana en Lanzarote", lamentan.
El nuevo y el antiguo PIOL
A este panorama se suman las actuales limitaciones a que el todavía Plan Insular de Odenación de Lanzarote (PIOL) les somete, un documento de ordenación que desde el año 91 impide la acampada como actividad legal. "En el PIOL vigente no aparece ni una sola zona donde poder acampar con todos las bendiciones, algo increíble", lamentan los autocaravanistas. "En el nuevo PIOL sí aparecen zonas de acampada como Papagayo, que sin embargo sigue cerrado por la ineptitud de nuestros políticos; y La Graciosa, pero es injusto que no se contemple también la zona de San Juan, en Famara", sostienen.
En cuanto al derecho a dormir en el interior de sus vehículos, aseguran que actualmente existe una normativa de la DGT (Dirección General de Tráfico) que regula esta posibilidad, pero denuncian que el ente estatal ha dejado en manos de los propios ayuntamientos la regulación concreta, según cada territorio, de esta actividad. Por eso, ahora reclaman poder acampar también en suelo rústico, "una lucha que ya se dio en la Península hace 15 ó 20 años", concluyen.