El Cabildo tramitó 115 expedientes por construcciones ilegales en suelo rústico y espacios protegidos en 2025

Edificación realizada en suelo rústico y espacio protegido.

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, que dirige Samuel Martín, ha tramitado durante el año 2025 un total de 115 expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales relacionadas principalmente con la construcción de edificaciones sin licencia, la instalación de estructuras permanentes fuera de la legalidad y otras actuaciones contrarias a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El informe remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, según la información aportada en nota de prensa, detalla que Haría fue el municipio con mayor número de denuncias, con 31 expedientes, seguido de Teguise con 27. A continuación se sitúan Tinajo (18), Yaiza (14) y Tías (11). Por su parte, Arrecife (8) y San Bartolomé (6) presentan las cifras más reducidas, lo que se debe en parte a su menor superficie de suelo rústico y de espacios naturales protegidos.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que estos datos ponen de manifiesto la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio limitado y especialmente frágil. Betancort recordó que “cada construcción ilegal en suelo rústico o protegido tiene un impacto directo sobre el paisaje, los recursos naturales y el modelo de isla que entre todos debemos preservar”.

En este sentido, el presidente insistió en que el Cabildo actúa “con criterios técnicos y conforme a la ley”, y recalcó que “la protección del territorio es una obligación legal y una responsabilidad colectiva con las generaciones futuras”. “El Cabildo mantiene una posición firme frente a aquellas intervenciones que resultan contrarias a los valores paisajísticos y agrarios que sustentan el reconocimiento de Lanzarote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)”, concluyó.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explicó que los expedientes tramitados responden, en su mayoría, a edificaciones levantadas sin licencia municipal, a la ocupación de suelos no habilitados o al incumplimiento de las autorizaciones concedidas. “La normativa existe para ordenar el territorio y evitar daños irreversibles. Saltársela tiene consecuencias legales y ambientales”, señaló.

Martín añadió que “los Agentes de Medio Ambiente desarrollan una labor constante de vigilancia e inspección en coordinación con otras administraciones”, y recordó que en los últimos cuatro años se han tramitado aproximadamente 670 expedientes similares en toda la isla, lo que evidencia que se trata de una problemática persistente que requiere tanto control como concienciación ciudadana.

Desde el Área de Medio Ambiente insisten en su comunicado en la necesidad de que la población se informe antes de realizar cualquier actuación en suelo rústico o en espacios protegidos. Construir sin licencia o instalar estructuras permanentes al margen de la ley puede derivar en sanciones económicas y daños ambientales difíciles de revertir. El respeto a la normativa urbanística es una herramienta clave para garantizar un desarrollo ordenado, compatible con la conservación del paisaje y del patrimonio natural que caracteriza a Lanzarote y La Graciosa.

El Cabildo de Lanzarote destaca que está elaborando un catálogo detallado de infracciones con el objetivo de trasladar a los ayuntamientos una radiografía clara de las irregularidades más frecuentes que se están detectando en cada municipio. Esta herramienta permitirá, según la institución insular, mejorar la coordinación institucional y reforzar la prevención. La Corporación insular recuerda que el apoyo a las infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector agrícola es una prioridad, siempre que estas actuaciones se ajusten estrictamente a la legalidad y no deriven en usos residenciales encubiertos ni en impactos paisajísticos incompatibles con la protección del territorio.