El consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Jorge Peñas, mantuvo este pasado martes un encuentro con concejales y técnicos de los siete ayuntamientos de la isla para poner en marcha un Plan de Ayudas por Desahucio para Familias Vulnerables, a los efectos de evitar lanzamientos sin alternativa habitacional.
“Nos ponemos nuevamente del lado de las personas y de las familias con menos recursos y lo hacemos con acciones destinadas a protegerlas y a evitar que que sean desahuciadas sin tener una alternativa residencia, garantizando así el derecho constitucional a la vivienda”, señala este miércoles en nota de prensa la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo.
Dicho plan estará dotado con 400.000 euros y tendrá por finalidad “paliar de manera inmediata situaciones de emergencia social relacionadas con procesos de desahucio y evitar situaciones de exclusión social”, tal y como explica Jorge Peñas.
“El Cabildo es especialmente sensible con las personas y colectivos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pese al ambiente generalizado de recuperación económica y los buenos datos de empleo en el archipiélago y Lanzarote”, señala el consejero de Vivienda, que apunta que “como ha reconocido Naciones Unidas y así se recoge en la Constitución, la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y de las familias”.
“Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un lugar donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. La vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano”, añade.
Así, Peñas asegura que “el Cabildo seguirá trabajando, de forma coordinada con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, con el Instituto Canario de Vivienda y con los siete ayuntamientos de la isla para avanzar en políticas públicas que faciliten el acceso a este derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Batería de medidas
Con respecto a la reunión de este martes 10 de enero, a la misma asistieron algunos concejales de los ayuntamientos de la isla, así como personal técnico de las áreas de Servicios Sociales y Vivienda de los siete municipios, junto con el consejero cabildicio y la coordinadora del área de Vivienda de la primera corporación insular.
En el encuentro, se analizó la situación de la vivienda en cada municipio, estudiando las particularidades de las distintas zonas, especialmente de las más turísticas, que es “donde está más presente la presión de alquiler y la falta de vivienda residencial”.
Asimismo, se habló de la necesidad de proporcionar una ayuda a las familias que no pueden hacer frente a los pagos del alquiler o de las hipotecas, especialmente ante la subida de los tipos de interés operada por el Banco Central Europeo “y se coincidió en la necesidad de contar con un recurso de emergencia para las familias que necesitan un alojamiento temporal”, según detalla Jorge Peñas.
“Ante la situación de crisis habitacional en Canarias, el Cabildo no se pone de perfil y, aparte de las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias, pondrá en marcha una batería de medidas para favorecer el acceso a la vivienda, derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución”, expone el consejero de Vivienda del Cabildo.
Al respecto, Peñas recuerda que “gracias al Plan de Vivienda de Canarias que está ya en marcha y a los instrumentos legales disponibles, como la medida aprobada por el Gobierno de España para limitar el incremento del alquiler provisionalmente hasta el 2% y la futura Ley de Vivienda, la Comunidad Autónoma contará con herramientas válidas para limitar esos incrementos desproporcionados en las zonas tensionadas de nuestras ciudades y evitar que se expulse a la población residente de los barrios tradicionales porque no puedan pagar el precio de los alquileres”.
Asimismo, informa que el Cabildo está tramitando ya la cesión de suelo de su titularidad para la construcción de viviendas destinadas a alquiler social, así como está gestionando la adquisición de viviendas en el mercado libre. Además, en la actualidad otorga asesoramiento gratuito en casos como la inscripción de las viviendas de Valterra a sus legítimos propietarios o en el acceso a las distintas líneas de ayudas y subvenciones como las ayudas al alquiler o el bono alquiler joven.
