El Cabildo insular de Lanzarote no ha contado con representación alguna en el encuentro convocado para este jueves en Las Palmas por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, para abordar el problema de los hoteles que están siendo investigados por la Unión Europea (UE) por su “ilegalidad”.
Según han confirmado fuentes de la Primera Corporación, la presidenta, Manuela Armas, ha recordado que en su día el Cabildo había propuesto al consejero regional que la reunión se celebrara en la Isla porque resultaba “más práctico”. Las mismas fuentes reconocieron que ni Armas ni ningún otro representante de la institución, en labor de delegado, han acudido a la reunión con Berriel.
La presidenta ha alegado, además de una “completa agenda de actos” prevista para este jueves, que se hacía imprescindible la presencia de los técnicos del propio Cabildo. Por ello, en contrapartida a la iniciativa de Berriel, Armas ha propuesto que sean los técnicos y juristas del Ejecutivo canario los que acudan a la sede del Cabildo insular para que conozcan de primera mano, de los servicios jurídicos de la Primera Corporación, la situación de los más de 20 proyectos turísticos anulados hasta ahora por los tribunales de justicia.
A la reunión convocada la pasada semana por Berriel sí han acudido Gladys Acuña y José Dimas Martín, alcaldes de los ayuntamientos afectados por los hoteles, Yaiza y Teguise, junto con representantes de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), y miembros del sindicato CC OO. A pesar de haber sido también convocado, el sindicato UGT no ha acudido a la reunión informativa, en la que Berriel cuenta también con la presencia, por parte de su Ejecutivo, del Consejero de Empleo del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, la viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento, y la directora general de Ordenación del Territorio, Sulbey González.
Más de 20 hoteles y 10.000 empleos
Por su parte, Berriel, que había convocado la cumbre de este jueves a partir de las 10:30 horas en el Edificio de Servicios Múltiples II de Las Palmas, abordará con los asistentes de la reunión el contenido del anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, todo ello relacionado con las autorizaciones previas y condiciones urbanísticas exigibles a los establecimientos alojativos turísticos en situación irregular.
El responsable de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias explicó que el Gobierno regional cree que como cualquier solución que se ha de dar dentro de la legalidad a estos hoteles podría tener una repercusión en el empleo, “hemos creído conveniente invitar a los secretarios insulares de las dos centrales sindicales importantes, CCOO y UGT, a que estén en la reunión y nos expresen su opinión”.
Para el consejero el tema de los hoteles ilegales no es una “cuestión baladí” porque se está hablando de más de 20 hoteles de última generación que dan empleo directo a 4.000 trabajadores y de manera indirecta a 6.000 y es por ello por lo que opinó que este tema se ha de analizar sin más dilación.
No obstante, el consejero recordó que la UE solo se ha limitado a pedir información sobre estos hoteles tras la solicitud que realizó el representante de Los Verdes en el Parlamento Europeo, David Hammerstein, sobre una serie de establecimientos sobre los que ha caído una sentencia determinada. “Hay que analizar caso a caso y ver qué solución tienen en virtud a esas sentencias”, dijo, añadiendo que en el caso de que los expedientes de todos los hoteles estén perfectamente acreditados “ningún problema han de tener”.
Berriel también afirmó que la opinión de los agentes implicados es importante para el Gobierno, “porque nosotros estamos metidos en una ley de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la que se establece un criterio para aquellas instalaciones hoteleras que cumpliesen con la legalidad urbanística “pero que por problemas sobrevenidos, sobre todo con la moratoria, no hayan podido inscribirse en el registro de instalaciones hoteleras, pues que se puedan legalizar con unos condicionantes determinados”.
“Eso sería de aplicación también en algún caso o no, en función del alcance de la problemática de cada uno de los hoteles que están en Lanzarote”, manifestó Domingo Berriel, a la vez que reiteró que se ha de estudiar caso a caso y que en principio “la sentencia lo que obligaría a bote pronto es a retrotraer el expediente al momento en que la sentencia basa la nulidad de la licencia y ahí se verá si falta un informe y por qué falta y si se puede obtener”, precisó.
El consejero dejó claro que el Gobierno canario no va a eludir ni impedir que se cumpla con el urbanismo e insistió en que quiere que se disipe pronto este asunto.
