El Cabildo podría suspender cautelarmente las licencias de construcción turísticas y residenciales a finales de semana
La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, baraja junto al resto de miembros del grupo de gobierno la posibilidad de suspender de forma cautelar la concesión de licencias en todos los municipios de la Isla, una medida que se habría visto obligada a tomar a tenor del reiterado incumplimiento de las medidas de contención del crecimiento. Este fue uno de los principales asuntos que se abordó durante la reunión de la Junta de Portavoces que tuvo lugar este martes en el Cabildo, en la que se dieron a conocer además nuevos datos sobre el proceso que está siguiendo el Plan Territorial Especial (PTE) para su aprobación.
Rojas anunció en primer lugar que mantendrá en esta semana diferentes reuniones con “un gran número de representantes y propietarios de planes parciales de la Isla”, con los que pretende “hacer un sondeo” para luego decidir con los técnicos “si lo que proponemos encaja en el PTE para definitivamente ir a una aprobación inicial lo antes posible”. Según el resultado de estos trámites, se podría llegar incluso a la suspensión cautelar de los planes parciales, de modo que no se podrían conceder más licencias ni turísticas ni residenciales hasta que la suspensión no se les retirase, y esto sólo ocurrirá si se adaptan al Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y a la moratoria de 2000.
Esta medida está justificada para la presidenta, que la valora como eficaz, ya que como explicó, “ahora mismo sólo se pueden conceder licencias, ya sean turísticas o residenciales, en un 25 por ciento en estos planes, pero aún así esta cifra se supera, por lo que si en breves días vemos que podemos caminar más o menos rápido, vamos a la aprobación inicial que también suspende y en caso contrario vamos a la suspensión cautelar en todos los planes”. Parece ser que en este punto están todos de acuerdo, y han acordado que a finales de semana se decidirá que hacer a este respecto.
Por otra parte, Inés Rojas también recalcó que los avances del proceso tienen mucho que ver con la llegada al Cabildo del decreto que va a regular cómo llevar a cabo esa ley básica de evaluación ambiental de los PTE, que le ha enviado por fin el Gobierno de Canarias. Con este documento la presidenta aseguró que se puede comenzar ya a “trabajar en el tema de lo que es la evaluación ambiental”, pero aún habrá que esperar a que termine el periodo de exposición pública.
En este sentido, Rojas quiso expresar su satisfacción por la actuación del Gobierno autonómico, que “lo ha minimizado al máximo de modo que tengamos que hacer el menor trabajo posible, ya que Canarias es la comunidad autónoma que más legislación tiene a este respecto, por lo que se ha hecho una ley a nuestra medida”.
El REF
Otra de las cuestiones importantes que se trató en la Junta de Portavoces fue la referente al conflicto creado por los recursos contra la liquidación de los impuestos del Régimen Económico Fiscal (REF). En la reunión se les presentó a todos el borrador de acuerdo a suscribir con el Ejecutivo canario. Finalmente, y tras analizar los parámetros del documento, se ha decidido que si se acepta el acuerdo globalmente se retirarán todos los recursos presentados mutuamente, pero si sólo hay acuerdos parciales “el Cabildo retirará tan sólo los que estén en sintonía con nuestro criterio”.
Además ya se le ha puesto fecha a esta resolución, que tendrá que estar solucionada antes de final de mes. Para conseguirlo, los consejeros de Hacienda de los Cabildos de las siete Islas se han reunido con el Gobierno de Canarias para negociar sobre estos temas. En principio y por las palabras de la presidenta, parece que existe "buena disposición por parte del Ejecutivo autonómico" para responder a las peticiones de los cabildos. En concreto, las cifras que se barajan son las del Fondo de Suficiencia por el que se pagarán 90.000 euros, los gastos de gestión y del APIC que ascienden a 3.700.000 euros aproximadamente, y luego la suma total del ITE, que está englobada dentro de lo que se le debe a todos los cabildos y que son unos 32.000.000 de euros.