El Cabildo organiza las I Jornadas de Consumo de la Isla para formar a los técnicos en el conjunto de novedades legislativas que afectan a esta materia

Fotos: Jose Curbelo

La Oficina Insular de Información al Consumidor del Cabildo, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, organiza este jueves unas Jornadas de Consumo en la Isla con el objeto de informar a los técnicos no sólo de Canarias sino de todo el país sobre el conjunto de novedades legislativas que afectan a esta materia. En este sentido fueron invitados profesionales del sector procedentes de Huelva, de Madrid, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y de una Junta Provincial de Consumo de Andalucía.

A las charlas, que fueron inauguradas por el consejero de Hacienda, Luis Arráez, también acuden funcionarios de otras administraciones, miembros de las asociaciones empresariales más representativas en Lanzarote como Felapyme, Aetur, o Asolan y personas poseedoras en la Isla de un negocio de Telecomunicaciones o que guardan relación con las compañías de seguros.

La nueva normativa en materia de Consumo es muy variada y en ella se basan las distintas ponencias que tienen lugar a lo largo del día en las instalaciones de la Primera Institución insular. Dicho curso, que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, arrancó por la mañana con una primera ponencia a cargo de Luis Cuaresma, jefe de Servicio Administrativo de la División de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones sobre “La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”.

Posteriormente, Nuria G. Antón, subdirectora de Normativa de Arbitraje del Consumo, analizó la “Ley 44/2006 de protección de consumidores y usuarios”.

Ya por la tarde se desarrollan las conferencias “El proyecto de regulación de arbitraje”, a cargo de Alicia Menéndez, jefa de Servicio del área de Arbitraje y secretaria de la Junta Nacional de Consumo” y la cuarta y última ponencia corre a cargo de Jorge Domínguez, inspector de seguros del Estado que departió sobre “Nueva regulación del registro de seguros y procedimiento de reclamaciones en materia de seguros”.

Por otro lado, diversos municipios de Lanzarote contarán en breve con una Oficina Municipal de Información al Consumidor, por lo que estas jornadas también fueron dirigidas a los responsables de este proyecto en los referidos municipios, entre los que se encuentra San Bartolomé.

Aspectos más relevantes de la nueva regulación

El Gobierno aprobó el pasado abril el proyecto de ley de regulación de los bienes tangibles, que refuerza la protección de los consumidores y garantiza la transparencia en el sector. El objetivo de esta norma es asegurar la máxima información a los ciudadanos en la contratación de este tipo de bienes, así como garantizar que las empresas cumplan con los compromisos adquiridos.

Hasta la fecha la única regulación existente en esta materia estaba contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada la pasada legislatura. Sin embargo, los últimos acontecimientos derivados de la intervención judicial de algunas empresas del sector, han evidenciado la necesidad de complementar esta regulación, especialmente en aquellos supuestos en los que el pacto de recompra se acompaña de una promesa o compromiso de revalorización.

En este sentido, el Congreso de los Diputados aprobó en su sesión de 25 de mayo de 2006 una Moción que instaba al Gobierno a “complementar el marco legal al que deben someterse las entidades que actúan en bienes tangibles para aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos que invierten en éstos, las garantías cuyo ofrecimiento a los consumidores ahora es voluntario, a la mejora de los mecanismos de información y publicidad y a las medidas de control de estas actividades”.

En cumplimiento de este mandato parlamentario, el Consejo de Ministros aprobó en abril este proyecto de ley que tiene por objeto garantizar la máxima información a los consumidores en la contratación de este tipo de bienes, así como asegurar la total transparencia de los agentes que participan en este sector.