El Cabildo niega tajantemente que el informe de Luciano Parejo defienda "riesgos de desviación de poder" en los hoteles ilegales

- El Cabildo niega que haya propuesto una amnistía para todos los hoteles en esta situación, como postula la Fundación, sino todo lo contrario, y recuerda que el acuerdo del Pleno fue remitir a los Tribunales tanto la iniciativa apoyada por la FCM para la legalización de la oferta de alojamiento turístico en situación irregular, como las conclusiones que se desprendían del informe de Luciano Parejo, encargado al equipo redactor del PIOT

- El Gobierno insular de CC y PP subraya que "ni la iniciativa en la búsqueda de soluciones al problema, ni la determinación o pronunciamiento acerca de la legalidad de la misma, corresponden a la FCM"

No ha tardado en reaccionar. El Cabildo de Lanzarote, ante el comunicado hecho público por la Fundación César Manrique (FCM) estemiércoles, respecto a las conclusiones del dictamen encargado por la misma al catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández, sobre la propuesta del Cabildo para la normalización de los establecimientos turísticos alojativos ilegales de Lanzarote, ha expuesto en un comunicado de prensa su posición respecto a este asunto.

El Cabildo destaca que el dictamen de Luciano Parejo establece específicamente que "el proceso de regularización en los casos en que sea posible, se hará obligatoria y necesariamente desde el máximo respeto a las sentencias y de la mano de los jueces".

Para los regidores del Cabildo (CC y PP), "resulta paradójico que la FCM respaldara lo que pretendió ser una iniciativa legislativa que tenía por objeto 'el establecimiento de un procedimiento extraordinario para la legalización de la oferta de alojamiento turístico en situación irregular' y ahora anuncie a través de un comunicado que, según sus informes, 'con arreglo a la actual ordenación, se asume y se parte de la base de que las actuaciones ejecutadas resultan sencillamente ilegalizables'".

El grupo de gobierno recuerda que, según el comunicado de la FCM, el dictamen encargado por la misma "advierte claramente sobre los riesgos de desviación de poder y sus consecuencias que se derivarían de la utilización de la vía (defendida en el dictamen del catedrático Luciano Parejo) con el propósito de eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales".

Sin embargo, a juicio de los repesentantes del Cabildo, resulta igualmente paradójico que el dictamen del propio Luciano Parejo "ya estableció respecto a la mal llamada iniciativa legislativa apoyada y respaldada por la FCM, es decir, sobre la conveniencia de hacer una ley nueva, que 'el simple recurso a tal opción, suscita la apariencia de 'defraudación' de la ejecución de los fallos'".

Además, a juicio del Gobierno insular, el comunicado de la FCM "intenta abrir una polémica sin sentido" cuando asegura que "la desviación de poder se produce para apartarse de los términos de una resolución judicial y eludir su cumplimiento"; por cuanto el dictamen de Luciano Parejo encargado por el Cabildo de Lanzarote establece específicamente que "el proceso de regularización en los casos en que sea posible, se hará obligatoria y necesariamente desde el máximo respeto a las sentencias y de la mano de los jueces, a los efectos de su supervisión y control sobre la efectiva ejecución de sus sentencias – no existe otro modo de hacerlo"; para añadir que "en los casos en que no fuera posible resolver en el sentido de la legalización, no se descarta la demolición total o parcial de los establecimientos".

En cualquier caso, desde la Primera Corporació insular se subraya que "ni la iniciativa en la búsqueda de soluciones al problema, ni la determinación o pronunciamiento acerca de la legalidad de la misma, corresponden a la FCM".

"Muy al contrario", prosigue en su comunicado el cabildo, "dicha iniciativa debe recaer en las instituciones a las que legítimamente corresponde hacerlo en Democracia y en un Estado de Derecho y que, en Canarias, son los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias; y la legalidad de la misma, como indica el dictamen de Luciano Parejo, corresponde establecerla a los tribunales de Justicia y, en ningún caso, a la FCM por más que sea una de las partes personada en los procesos".

De todas formas, desde Cabildo se recuerda que "en ningún momento ha hablado de la impunidad o amnistía que la FCM pretende atribuir a su iniciativa, y ha expresado en todo momento justamente todo lo contrario".

Por último, desde la Máxima Corporación insular se recuerda que el acuerdo del Pleno fue remitir a los Tribunales tanto la iniciativa apoyada por la FCM para la legalización de la oferta de alojamiento turístico en situación irregular, como las conclusiones que se desprendían del informe de Luciano Parejo, encargado al equipo redactor del PIOT.

No obstante, y "desde el máximo respeto a las consideraciones de opiniones jurídicas divergentes", el Cabildo asegura que sigue confiando en que la FCM será consecuente con la mano tendida que ofrece en la resolución de este problema.