El Cabildo defiende la labor de Adislan frente a acusaciones sin fundamento que generan alarma social

El Cabildo de Lanzarote ha trasladado este martes en nota de prensa su respaldo a la entidad Adislan, tras las recientes informaciones públicas que cuestionan su labor, y ha advertido de que se está generando un escenario de alarma social que afecta directamente a las personas usuarias y a sus familias.

La asociación de personas con discapacidad de Lanzarote (Adislan) cuenta con más de medio siglo de trayectoria en la atención a personas con discapacidad en Lanzarote y su actividad se desarrolla bajo los mecanismos de control y supervisión establecidos por las administraciones competentes.

En este sentido, el Cabildo considera que las manifestaciones difundidas en los últimos días responden a una estrategia que busca erosionar la gestión pública en materia social, utilizando para ello a una entidad consolidada en Lanzarote y La Graciosa, con el consiguiente perjuicio para trabajadores, usuarios y entorno familiar.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señala que “no se puede jugar con la tranquilidad de las familias ni con el trabajo de profesionales que llevan décadas atendiendo a personas con discapacidad. Lanzarote cuenta con un sistema de cuidados que funciona, que está supervisado y que se evalúa de forma continua”.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, recuerda que “el Cabildo cumple de forma rigurosa con la supervisión de todos los contratos vinculados a los servicios de atención social, a través de una unidad específica que evalúa de manera continuada la calidad de los espacios de cuidados”.

Asimismo, añade que “las políticas sociales que se están desarrollando en la isla están basadas en hechos verificables, en contratos auditados y en servicios que se prestan bajo control público. Generar dudas sin base sobre estos recursos tiene consecuencias directas sobre quienes más necesitan estabilidad”.

Acuña explica que “esa supervisión es permanente y permite detectar, corregir y mejorar cualquier aspecto del servicio. En el caso de Adislan, como en el resto de entidades que trabajan en la isla, existe un seguimiento técnico constante que garantiza el cumplimiento de la normativa y la calidad de la atención. Asimismo, la comunidad autónoma competente en materia de inspección de centros y servicios realiza inspecciones de forma periódica, que se suman a las supervisiones que lleva a cabo el Área de Bienestar Social en relación al cumplimiento del concierto social, a través de la unidad de seguimiento y supervisión de plazas públicas, cuya eliminación se produjo en la anterior legislatura”.

La Institución insular insiste en que la difusión de informaciones no contrastadas provoca un impacto directo en la confianza de las familias y en el bienestar de las personas usuarias, al tiempo que afecta a la reputación de los profesionales que prestan el servicio.