El Cabildo constituye la comisión de investigación que estudiará la gestión de Inalsa desde 2001 hasta ahora
Fotos: José Curbelo.
La Comisión Informativa de Aguas celebrada en el Cabildo insular dio cumplimiento al acuerdo plenario del pasado mes de julio por el que se estableció crear una comisión de investigación que determine y aclare el proceso seguido desde la firma del contrato, en el año 2001, entre la empresa insular de aguas, Inalsa, y la UTE para la construcción de una planta desaladora en Janubio, al sur de la Isla.
Con la constitución de este órgano investigador, en el que participarán todos los grupos políticos representados en la Corporación insular, se busca “dirimir las responsabilidades políticas que pudieran existir a lo largo de este tiempo”, y que han culminado en el laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas que condena a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio por un supuesto incumplimiento del contrato.
Tal y como señaló el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, en la reunión de ayer se dio lectura al reglamento que hace referencia a la constitución de este tipo de comisiones especiales y ahora serán los distintos partidos políticos presentes en el Cabildo quienes designen a sus representantes, según se establece en el reglamento orgánico de la Corporación. El mismo documento determina que la comisión investigadora quedará extinguida automáticamente una vez haya dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el pleno que la creo disponga otra cosa.
Dos propuestas de constitución
Aunque todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo con la creación de este órgano, surgieron discrepancias en torno a la conformación del mismo. En este contexto, el portavoz del Partido Popular (PP), Francisco Cabrera, solicitó que la comisión investigadora estuviera compuesta por los consejeros del Cabildo y presidida por un miembro de la oposición. Por su parte, los consejeros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y de Asamblea por Lanzarote (ApL) reivindicaron el uso de la comisión ya existente en el seno del Consejo de Administración. Para estas dos formaciones “resulta más razonable” que en lugar de constituir una nueva mesa investigadora “se suplemente” a la que ya está creada y en la que participan diversos profesionales jurídicos de la Isla como ex decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Marcial Francisco, el letrado Ignacio Calatayud Prats o los técnicos de Inalsa, Esteban Cabrera y Juan José Hernández.
En cualquier caso, Mario Pérez explicó que para ser cuidadosos con el acuerdo plenario “lo que se debe hacer es constituirla en los términos ya aprobados”. Es decir, de forma independiente a la ya existente. Así, la comisión estará presidida por la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, aunque podrá delegarse en cualquier consejero como el resto de comisiones. “Como ya tenemos experiencias anteriores en la Corporación nos guiaremos por ellas y esperamos que los trabajaos de esta comisión comiencen a ejecutarse lo antes posible, una vez que cada formación política presente su representante y se apruebe el reglamento de funcionamiento”, apostilló el consejero de Inalsa.
Sin notificación oficial
En cuanto al laudo que condena a Inalsa por el incumplimiento del contrato en el año 2001 entre la empresa pública y la UTE para la construcción de una nueva planta potabilizadora en Janubio, en consejero de Inalsa explicó que “todo sigue en el mismo punto”. “A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación oficial de que el recurso haya sido rechazado y hasta ahora todo sigue igual”, puntualizó el consejero confiado en que con el recurso presentado contra la UTE ante la Audiencia Provincial prospere y libere a la compañía de abonar los diez millones de euros solicitados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Servicios y Procesos Ambientales SA.
Y es que según Pérez si Inalsa se ve obligada a pagar la millonaria cantidad requerida pondría en peligro su condición de “empresa pública”, algo que el Cabildo espera no perder nunca. “No sólo estamos asistidos desde el punto de vista racional y lógico, sino porque estamos hablando de la titularidad pública del agua en Lanzarote, que nosotros pretendemos que no se pierda nunca”, señaló el responsable de la compañía insular tras la presentación del recurso.