Cabildo y ayuntamientos estudian modificar los estatutos de Inalsa para proteger los intereses de la empresa pública
Fotos: Jesús Portero
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, anunció este miércoles en rueda de prensa que la asamblea de Inalsa, esto es el Cabildo y los ayuntamientos, estudian actualmente la posibilidad de modificar los estatutos de la compañía a fin de salvaguardar los intereses de la empresa insular de aguas y evitar situaciones similares a la ocurrida con la UTE-Edam Janubio. “Hemos estado hablando en la Asamblea de Inalsa acerca de modificar los estatutos para que quede salvaguardado y que nadie tenga libertad de hacer actuaciones como estas”, señaló Rojas en referencia al conflicto que mantiene la compañía pública con la Unión Temporal de Empresas, propiedad del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC).
Con estas palabras, la presidenta de la Corporación Insular, citó la posibilidad que se baraja de blindar a la Primera Institución de actuaciones que hagan peligrar la titularidad pública del agua en la Isla. “Nuestra intención es garantizar que el agua sea un bien de todos”, apuntó asimismo el consejero de Inalsa, Mario Pérez, que acompañó a la presidenta en su comparecencia ante los medios.
Pérez recordó que el Cabildo se mantendrá firme en su lucha para evitar el laudo y expresó su satisfacción con la decisión del juez del Juzgado número 13 de Las Palmas de suspender la ejecución del laudo que condena a Inalsa al pago de 10 millones de euros a la UTE hasta decidir si resuelve el caso o por el contrario lo traslada a la Sala de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo.
De ahora en adelante se abre un plazo de diez días para que el titular del Juzgado Número 13 manifieste su inhibición o no en este caso o traslade el mismo al Tribunal Supremo, que a última instancia expresara su dictamen en un plazo aproximado de seis a ocho meses. En cualquier caso, Mario Pérez, explicó que los Servicios Jurídicos de Inalsa son optimistas al respecto y entienden que la empresa pública “tiene muchas posibilidades de salir bien parada” en este asunto, si bien habrá que “mantener cautela”.
En cuanto a otros procesos que se llevan a cabo para evitar el laudo, Rojas y Pérez se mostraron satisfechos con la admisión a trámite por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas del dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de Canarias, en el que se declara nulo de pleno derecho el contrato con la UTE- Edam Janubio, al considerarlo un documento “trascendental”. En este sentido, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, explicó que "es muy difícil que este órgano admita la tramitación de nuevos documentos cuando ya se trabaja en un caso" y, de ahí, la "satisfacción" del Cabildo.