El Pleno del Cabildo ha acordado este viernes iniciar las acciones que permite la ley para archivar el documento de revisión del Plan Insular del Territorio de Lanzarote (PIOT) que venía tramitándose desde 2007 por las profundas modificaciones que legalmente deben llevarse a cabo y cuyo contrato venció el 1 de octubre de 2019. Así lo ha contado la institución en nota de prensa, avanzando en lo que va a ser sin duda una nueva polémica en la Isla, el hecho de que, como ya sucedió con el Plan General de Arrecife, el Partido Socialista (PSOE), con responsabilidades en diferentes etapas vinculadas a la planificación territorial, haya determinado que no va a usar el trabajo ya pagado y realizado por el equipo que coordinaba el urbanista José María Ezquiaga.
“Es una decisión dura, valiente y sobre todo imprescindible si queremos contar con un Plan Insular que dé respuesta a las necesidades reales de la isla”, señala la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en su nota, en la que muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado.
“Han sido meses de borradores de informes y, sobre todo, de mucha discusión con diferentes especialistas tanto en el ámbito de la ordenación como en el jurídico, tratando de desbloquear una situación complicada. Dejar sin efecto lo ya tramitado no es tan solo una decisión política y requiere del imprescindible armazón jurídico para adoptar una decisión de tanto calado”, ha destacado Corujo.
Tal y como explicó durante el pleno la consejera del área, Ariagona González, “aprobar el documento actual supondría aprobar un documento que nace muerto pues responde a un diagnóstico realizado en 2007 y trata de responder a los retos que nos planteábamos hace 15 años”.
El grupo de gobierno del Cabildo defiende que los cambios legislativos sobrevenidos como consecuencia de la aprobación en 2017 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias dejan en una situación de extrema inseguridad jurídica las disposiciones contenidas en el documento cuyo archivo ahora se propone. “Hay que recordar que la citada ley recortó de manera drástica la capacidad de ordenación de los planes insulares e introdujo el principio de contención por el cual cualquier norma que exceda ese contenido ahora reducido, se convierte en nula de pleno derecho. Nos encontramos por tanto con un instrumento desfasado en el tiempo y de una calidad jurídica más que discutible, con motivo de los cambios legislativos sobrevenidos”, ha señalado la consejera, explicando así la conveniencia de apostar por la fórmula del archivo de lo actuado y de reiniciar los trabajos que permitan la aprobación de un nuevo Plan Insular que parta de una realidad cierta, que responda a los retos actuales y que goce de plena seguridad jurídica.
Por último, la presidenta ha señalado que confía en que en un plazo corto de tiempo se pueda aprobar en pleno el archivo definitivo del expediente y ha aclarado que se trabajará en paralelo en la contratación del nuevo equipo que se hará cargo de la redacción del nuevo Plan Insular.
