sábado 23/10/21

El Cabildo agiliza la tramitación de las ayudas de emergencia social

María Dolores Corujo: “Contribuirán a aliviar el día a día y a garantizar la protección de personas y familias que se encuentran en situación de riesgo debido a la crisis económica que estamos atravesando”
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha dado luz verde a la firma de un convenio con los ayuntamientos de la isla que proporcionará el marco adecuado a la financiación del programa de ayudas económicas para situaciones de emergencia social.

“Es el primer paso para agilizar un expediente fundamental para el bienestar de la población”, ha apuntado este miércoles en nota de prensa la presidenta de la Primera Institución insular, María Dolores Corujo, quien ha añadido que estas ayudas, “fruto de la cooperación interadministrativa, contribuirán a aliviar el día a día y a garantizar la protección de personas y unidades familiares de la isla que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad social debido a la crisis económica que estamos atravesando, agravada por la pandemia generada por el Covid-19”.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Isabel Martín, ha explicado que estas ayudas, dirigidas a personas o familias que carecen de medios económicos y en las que concurren factores de riesgo, “son una respuesta temporal a una situación excepcional. Deben utilizarse” ha continuado “para modificar situaciones de necesidad y como apoyo a procesos de integración en el contexto de la intervención social”.

Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y emergencia social son las que originan gastos extraordinarios no calculables o imprevistos, o gastos ordinarios por hechos imprevistos (paro, salud, rupturas de familia) que alteran la vida de las personas en cuanto a la cobertura de sus necesidades básicas. Están dirigidas a personas o unidades familiares que carezcan de medios económicos y en las que concurran factores de riesgo.

El importe máximo de las ayudas a recibir será de 3.000 euros por unidad familiar de convivencia, tal y como queda recogido en las bases.

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