El diputado nacionalista Oswaldo Betancort ha preguntado este martes a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, sobre las medidas previstas por el Gobierno ante el aumento del riesgo de exclusión social de familias por no poder hacer frente a las facturas de la luz, el agua, el combustible o la subida de precios de alimentos. Mientras formulaba esta cuestión, aprovechó para sacar el tema de la Asociación de Ayuda a los Discapacitados de Lanzarote (ADISLAN) y la huelga que están manteniendo en estos momentos enfrente del Cabildo, lo que supuso una llamada al orden de la presidenta de la Comisión, la representante de Podemos María del Río.
En posterior nota de prensa el representante de los nacionalistas recuerda que el pasado mes de octubre Cáritas denunció públicamente que el gasto de las familias canarias ha aumentado un 50% y que el riesgo de exclusión social había aumentado considerablemente en los 6 primeros meses del año, por no poder hacer frente a las facturas de la luz, el agua, combustible y la subida de los precios de los alimentos, constatando que el aumento de los precios de los productos de primera necesidad está golpeando duramente a las familias con menos recursos en las islas, lo que hace que crezca la demanda de ayudas. “Estas circunstancias, tal y como reconocen desde Cáritas Diocesana de Canarias y están padeciendo muchas oenegés, se convierten en un problema añadido pues ven sus costes aumentar hasta en un 75%, teniendo serias dificultades para dar la misma cobertura en todos los servicios y además atender el aumento de la demanda, dificultando su capacidad para dar respuesta”, lamentó Betancort.
“Me consta que en todas las islas, las instituciones del tercer sector están pasando serias dificultades para desarrollar su labor, y claman al cielo y reclaman a la administración pública soluciones urgentes para solventar situaciones extremas con la que, por ejemplo, atraviesa ADISLAN en Lanzarote, asociación que gestiona los servicios de atención a la discapacidad en la Isla, competencia que es de esta Consejería aunque transferida a los cabildos, siendo ambos cómplices de no cumplir con lo que a estas personas les corresponde por Ley”, expuso en teoría saliéndose del motivo de la pregunta.
“Es su responsabilidad que sean atendidos, y no es de recibo que, después de casi cuatro años de gobierno del PSOE-Podemos, el Cabildo de Lanzarote todavía no haya firmado el concierto social y esto ha llevado a una huelga indefinida por parte de los trabajadores de ADISLAN, ante el impago de sus nóminas, pues no cobran sus sueldos debido a la falta de liquidez de ADISLAN, que tienen un déficit acumulado -generado por los servicios deficitarios que prestan y que son de su competencia-, de 400.000 euros (año 2021) y hasta el mes de octubre de este año ya tienen un déficit acumulado de 350.000 euros, ante lo cual acuden a las entidades bancarias en busca de financiación pero, al carecer del concierto social ni de ningún documento firmado por el Cabildo que les garantice la operación, no obtienen la financiación solicitada y tan necesaria”.
Oswaldo Betancort considera que “cualquier empresa privada en la situación de ADISLAN ya hubiese quebrado y cerrado sus puertas, sin embargo, ellos siguen a dura penas prestando el servicio, trabajando con todos sus usuarios y sus familias, aunque tendrán que reducirlos a servicios mínimos, algo altamente delicado teniendo en cuenta el perfil de usuarios con los que trabaja la asociación”.
“Su Consejería cofinancia la atención a la discapacidad y la dependencia y debe velar por el cumplimiento de sus derechos reconocidos por Ley, e insisto, la transferencia de la gestión de los servicios no le quita a usted la competencia ni la responsabilidad ante un trabajo que realizan las oenegés que debería realizar la Administración, y que encima las abandona y las maltrata”, concluyó Betancort.
