El Ayuntamiento de Arrecife y la Autoridad Portuaria preparan un nuevo convenio para terminar con la batalla permanente entre sus policías

La guerra entre la Policía Portuaria y la Policía Local de Arrecife comenzó un día que seguramente casi nadie sabe datar y por algo que a la mayoría se les habrá olvidado. No ha todos, porque hay asuntos concretos que todavía escuecen. Desde ese momento, desde que las cosas comenzaron a torcerse, la posición de ambos cuerpos policiales ha sido de tensión permanente. El principal problema que se ha tenido es la responsabilidad real que cada uno tiene y las competencias que cada uno puede ejercer, sobre todo por el tipo de capacitación y de función que unos y otros atesoran. Las discusiones entre agentes han sido constantes, llegándose incluso a cruzar, además de alguna palabra más alta que otra, multas o sanciones. Aunque en febrero de 2014 la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó la creación de un convenio de colaboración por el que las policías portuaria y local colaborarían en su labor de control y vigilancia en la zona de influencia, en estos últimos años el asunto ha quedado en algo peor que agua de borrajas. De aquel documento firmado con el Gobierno de Arrecife de turno, que actualmente no está en vigor y sobre el que casi nadie había reparado, se desprendía por acuerdo de todo el mundo y sin que se hubiera tenido en cuenta cosas tan básicas como la capacitación real de los agentes portuarios, que éstos se encargarían nada menos que de inmovilizar y retirar vehículos, incluso los abandonados, en las vías de su competencia; denunciar las infracciones de tráfico; realizar controles de alcoholemia y estupefacientes; ceder el uso del espacio portuario para eventos municipales y trasladar al Servicio Municipal de Transportes los incumplimientos a la normativa sobre autotaxis que se detecten dentro del recinto. Por su parte, según ese convenio, la Policía Local mantendría la potestad sancionadora, recaudatoria y ejecutiva en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, comprometiéndose el Ayuntamiento a invitar a la Policía Portuaria a las reuniones que se celebrasen para hablar de cuestiones de seguridad en eventos a desarrollar en la zona afectada por la servidumbre del puerto de la capital lanzaroteña. Algunos de los litigantes en las constantes refriegas que se han ido produciendo han usado ese convenio para tratar de llevar la razón en las discusiones que se han ido produciendo, discusiones que han generado una enorme tensión y la urgente convocatoria de una reunión entre las partes afectadas, que no eran pocas. La principal conclusión, como parecía lógico que iba a pasar, es que hay que hacer un nuevo convenio, y en eso están.

Reunión en Las Palmas

En medio de ese clima de tensión, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, convocó el pasado mes de diciembre a los representantes de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Arrecife, de la Abogacía del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en teoría para poner algo de orden en una situación que se les estaba yendo de las manos, y que a día de hoy sigue sin resolverse.

Tras la reunión, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se dirigió por correo electrónico al Comité de Empresa de la Policía Portuaria, concretamente el pasado 19 de diciembre, para comentarles lo que para ella había sido un encuentro más que satisfactorio que venía en gran medida a darle la razón a las reivindicaciones que se hacían por parte de sus empleados en Arrecife.

La presidenta les dice a los sindicatos en una comunicación a la que ha tenido acceso este diario que en el encuentro todas las instituciones presentes le explicaron al Ayuntamiento de Arrecife “de forma clara y sin dejar resquicio a las dudas” cuáles son las competencias en suelo de dominio público portuario que tienen. “En este sentido, se les aclaró que la competencia es de la Policía Portuaria, incluida la seguridad vial. En lo que exceda de las competencias de la Policía  Portuaria, se encargarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nunca de la Policía Local, todo en consonancia con la legalidad y el plan de autoprotección del puerto de Arrecife”, remarca. “Ello no obsta a la competencia municipal en diferentes materias, como, por ejemplo, la inspección de actividades que les competa. De esta manera, se les indicó que no pueden acceder a las zonas restringidas, estén o no cerradas físicamente, sin autorización previa y en el resto de dominio público portuario cuando tengan que ejercer alguna competencia municipal deberán comunicarlo con antelación a la Autoridad Portuaria”, añade la presidenta para que los sindicatos lo tengan claro.

En un capítulo más controvertido, Calzada asegura que en la reunión tanto la Guardia Civil como la Abogacía del Estado apostaron por anular las actuaciones que entiende la Autoridad Portuaria que llevaron a cabo agentes de la Policía Local de forma irregular. Además, para ellos quedó claro, como mostró el representante de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la reunión, que los vehículos de la Policía Portuaria sí pueden tener instalada la señal V-3 (luces azules de señal), quedando pendiente eso sí de otra reunión el uso que se puede hacer del sistema y las zonas en las que se debe utilizar.

Una vez aclarados estos puntos, la presidenta asegura que se propuso al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y él aceptó, mantener una reunión entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento para reflejar en un convenio cómo se deben ejercer las competencias municipales en suelo portuario, delimitar el uso de la señal V-3 -defendiendo desde la Autoridad Portuaria que en las zonas de conexión, siempre que sea un uso razonable, debe permitirse como ocurre en el resto de puertos- y la competencia sancionadora en materia vial. “Hasta la celebración de esta reunión a principios de enero y la plasmación de los temas, se le ha indicado al Ayuntamiento que para cualquier actuación en suelo portuario deben dirigirse a nuestro responsable de la Policía Portuaria en Arrecife y coordinarse. El director de la Autoridad Portuaria ya le ha comunicado todo esto al responsable, indicándole también que comunique cualquier incidente que pueda ocurrir incumpliendo lo acordado en la reunión”, resalta Calzada en su comunicado.

A falta de la llegada del convenio, la presidenta deja claro eso sí, tal y como se les trasladó desde la DGT, que hasta que no se doten de ordenanzas que se lo permitan, no podrán llevar a cabo sanciones, asunto que sin embargo están estudiando con diferentes modelos y con la creación de una unidad administrativa que las gestione. Asimismo, para marcar la distancia con la Policía Local, asevera en su escrito que la Guardia Civil se ha comprometido con ellos a incrementar su presencia en los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario para ocuparse de la seguridad ciudadana.

Versión del alcalde de Arrecife

El alcalde de Arrecife, que es además el responsable directo de la Policía Local, ha confirmado este miércoles en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio la existencia de esa reunión en diciembre para tratar de rebajar el evidente clima de tensión que existía y sigue existiendo con los agentes de la Policía Portuaria. También ha asegurado que van a tratar de arreglar el problema de las competencias con la creación de ese convenio del que habló a su Comité de Empresa la presidenta de los puertos, rebajando eso sí el clima de euforia mostrado, como si finalmente hubieran ganado la guerra. “Aquí no hay que celebrar ningún éxito, lo que hay que celebrar es la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Portuaria y la Policía Local. Se convocó esa reunión, era de recibo que se diera después de los desencuentros que estábamos teniendo por criterios interpretativos tanto por parte de la Policía Portuaria como por parte de la Policía Local, en la que mis agentes, como también la Jefatura, entendían y entienden que se debe centrar todo en el grado de competencias reales que se pueden tener. Nadie debe olvidar que hay un servicio que se da en la zona portuaria, en la zona restringida, como es el servicio del taxi que es estrictamente municipal, como otras cuestiones que son debatibles. Evidentemente, entre otras cosas la Policía Local tendrá que controlar que los taxis están cumpliendo con el criterio que se ha implantado por parte del Ayuntamiento de Arrecife”, señaló para ahondar en algo que parece que no les contó la presidenta de la Autoridad Portuaria y que también era importante tener presente. “No hay que olvidar tampoco que se desarrolla una actividad económica dentro de la zona portuaria, que las competencias a la hora de otorgar licencias son nuestras y comprobar que se cumple con las ordenanzas establecidas en el Consistorio también es nuestro deber”, relató. “Se entendía que esa reunión se tenía que dar y yo lo agradezco porque estuvieron presentes todos los que tenían que estar.  Aquí no se trata de averiguar quién tiene la razón o no. Lo importante es que se produzca una coordinación real y operativa”, apuntó de forma contundente.

Yonathan de León recordó el convenio que se firmó en su día, un convenio que tiene claro que ya no está vigente y que por tanto nadie puede aplicar a su antojo. “Ahora mismo no hay ningún convenio establecido que regule las competencias entre la Policía Local y la Policía Portuaria. Lo que se ha acordado es que a partir de ahora y hasta que se firme ese nuevo convenio, que nos hemos emplazado para este mes de enero, se deben mantener reuniones entre el jefe de la Policía Local y el jefe de la Policía Portuaria para establecer los criterios de funcionamiento. Mientras tanto, será la Guardia Civil o la Policía Nacional quienes tengan que hacer los controles oportunos dentro de la zona portuaria. Cuando haya alguna necesidad de hacer alguna actuación con respecto a las actividades clasificadas, se llamará y comunicará a la Policía Portuaria y se accederá para hacer el respectivo control”, comentó.

“Con el acceso de los taxis también hemos establecido que será en la zona de la entrada a la zona portuaria en la rotonda de los Marlines donde haremos los controles específicos. No es que se haya negado la entrada a la Policía Local, evidentemente porque eso no va a ocurrir, pero de momento lo vamos a hacer así. Hasta que se establezcan los criterios en ese convenio de las competencias que vamos a asumir unos y otros, tenemos que ser capaces de ceder por ambas partes.  Pero tengan en cuenta que la Policía Portuaria no tiene ningún conocimiento para hacer atestados policiales con respecto a los accidentes viales que pueden ocurrir dentro de la zona portuaria, por ejemplo, y por eso creo que es necesario que todo el mundo use el sentido común. En casos específicos que se vayan dando deberá ser la Policía Local la que actúe, y en caso de duda desde luego será la Guardia Civil y la Policía Nacional las que se tendrán que hacer cargo”, insistió.

Yonathan de León, aunque se mostró dispuesto a hallar la paz, quiso dejar claro que hay muchos temas en los que los agentes locales tienen toda la razón, como en la aparición entre el material de los agentes portuarios de porras extensibles que están totalmente prohibidas y que son ilegales, tema sobre el que tampoco habla en su carta la presidenta de la Autoridad Portuaria.  “Al final los personalismos se tienen que dejar a un lado y se debe mirar por parte del todo el mundo hacia el interés general, y todos debemos acatar las normas. Mis agentes desde luego conocen la Ley, conocen la Constitución, son profesionales de carrera que han aprobado una oposición y saben de lo que hablan cuando hablan, saben cuáles son sus competencias y nosotros vamos a tratar de que queden reflejadas en el nuevo convenio”, concluyó rotundo.  

Otras visiones

El director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, también habló este miércoles en el mismo programa de radio sobre el controvertido asunto, dejando claro que el papel que juega el Gobierno central en todo esto no es otro que el de mediador entre las partes, teniendo claro eso sí que en materias sensibles como la seguridad no se puede estar con batallitas personales de ningún tipo. “Siempre es bueno que se mantengan este tipo de reuniones para deslindar de alguna manera las competencias que le corresponden a cada uno en beneficio de los ciudadanos. Cuanto más claro lo tenga todo el mundo, mejor será el servicio que se preste en esos lugares. Yo no estuve presente en la reunión porque estaban el delegado y el subdelegado del Gobierno, pero sé que fue bien la cosa y que la reunión era más que necesaria”, comentó.

Viera, lejos de polemizar o de ahondar en pormenores que seguramente conoce con detalle, prefirió centrarse en lo que se supone que va a ser el objetivo que persiguió el encuentro, acabar con la disputa. “No sé si había temas personales entre agentes, lo desconozco, porque no corresponde a la Delegación del Gobierno y en este caso a mí estar hablando de cuáles son las competencias en ese marco que tiene tanto la Policía Portuaria como la Policía Local. Nosotros sí sabemos las que tienen la Guardia Civil y la Policía Nacional en cuanto a seguridad ciudadana y en cuanto a fronteras. En el resto, si ha habido una discusión entre los diferentes cuerpos, lo mejor es solucionarlo y deslindar cada una de las competencias que tengan en beneficio de la seguridad y el servicio que se presta en la zona portuaria”, recalcó por último.