Arrecife retirará las cuatro araucarias del Parque Ramírez Cerdá
El Ayuntamiento de Arrecife ha acordado en pleno celebrado este viernes la retirada y sustitución de las cuatro araucarias del Parque Ramírez Cerdá. Árboles centenarios, que podrían ser de los más antiguos de toda la ciudad, y que se han muerto, según certifican varios informes externos que aconsejan su retirada.
Alternativa Ciudadana preguntó el grupo de gobierno por la postura de Medio Ambiente y Patrimonio del Cabildo en este asunto, toda vez que la poda de otros ejemplares del mismo espacio derivaron en un expediente sancionador al Ayuntamiento por parte de la Consejería del Cabildo dirigida por Manuela Armas.
El concejal Ginés Quintana planteó incluso la posibilidad de dejar las araucarias aún muertas, siempre que no suponga peligro alguno. Extremo que al parecer rechazan los informes que obran en poder del Ayuntamiento.
El Partido Popular, por su parte, acusa al gobierno local de haber “matado” los árboles al “usurpar las competencias de su mantenimiento que por contrato corresponden a la empresa Urbaser”. Competencias que, según ha reconocido el concejal Antonio Machín en respuesta a un escrito de los populares, fueron asumidas directamente por la concejalía de Parques y Jardines.
La cédula de habitabilidad del ‘Jardín de Triana'
El Ayuntamiento aprobó enviar el expediente del procedimiento de revisión de oficio de la licencia de la cédula de habitabilidad del edificio Jardín de Triana al Consejo Consultivo de Canarias para que esta entidad se pronuncie sobre la forma de arreglar los problemas derivados de la concesión de licencia al promotor del inmueble. En su momento, a pesar de haberse saltado el proyecto original, el promotor, la empresa Salatín, pudo obtener la licencia de cédula de habitabilidad gracias al silencio administrativo del Ayuntamiento. Todo ello con informes en contra de la Oficina Técnica municipal. Y es que las 207 viviendas del edificio, muchas de las cuales ya están habitadas por ciudadanos hipotecados, iban a ser en un principio 138, distribuidas en cuatro plantas. El promotor no sólo construyó más viviendas, sino que invadió además suelo de dominio público, ocupando viales para mayor gravedad.
Más de cien familias viven en el complejo residencial y no pocos empresarios han adquirido locales comerciales que a día de hoy no pueden abrir. Precisamente por reclamaciones casi diarias de estos empresarios ha decidido el Ayuntamiento actuar administrativamente para tratar de descongestionar este asunto y evitar posibles demandas judiciales en contra del municipio.
La Corporación, sin embargo, no renuncia a recuperar el suelo de dominio público, aunque deberá ser el Consejo Consultivo quién estime la fórmula adecuada para que el promotor compense las graves irregularidades en las que ha incurrido. No se descartan, por otra parte, otras actuaciones por parte del municipio, incluidas las judiciales, para restablecer la legalidad, o al menos garantizar una serie de compensaciones o modificaciones.