Arrecife celebra este lunes un pleno en el que volverá a reabrirse la polémica sobre la piscina municipal y el pabellón de Argana
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El Ayuntamiento de Arrecife acoge este lunes una sesión plenaria en la que se volverá a vivir la tensión que existe en estos momentos entre el grupo de gobierno y la oposición, sobre todo con temas candentes como puede ser el cierre de la piscina municipal y del pabellón de Argana o la reciente decisión de la concejal del Partido Popular (PP) Nayra Callero de abandonar la disciplina de su partido para pasarse al grupo de los no adscritos. Solapados quedarán asuntos de importancia como la revisión del principal impuesto que pagan los vecinos de la capital o la situación del taxi. Será la primera sesión en la que la oposición contará a su modo de ver con otra representante menos, puesto que, como ya han manifestado los diferentes partidos, entienden que tanto Emilia Perdomo como ahora Nayra Callero van a jugar a favor del equipo de gobierno.
Por si no fuera suficiente la polémica política, el pleno servirá para que se entre a fondo en una cuestión que lleva años latiendo en la capital, la irregular situación de las dos principales instalaciones deportivas que llevan años funcionando sin tener las licencias correspondientes y con una empresa, Ludesport, que se ha dedicado a cobrar a los usuarios de las mismas sin pagar hasta la fecha ni un euro a la institución. De hecho, Ludesport se vio obligada este viernes a hacer algo que en teoría no quería hacer, cerrar las instalaciones de forma provisional hasta que se aclaren todos los asuntos que están pendientes.
En el punto sexto del orden del día se lleva la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios y actividades en el Parque Deportivo Puerto de Arrecife y en el Palacio de Deportes de Arrecife. Se trata de regularizar la situación de la empresa Ludesport, que lleva varios años gestionando ambas instalaciones sin haber sufragado el canon correspondiente, en teoría por haber realizado una serie de obras que compensarían lo que tiene que pagar por lo que recauda de los usuarios de las mismas. En este caso, además, se pretende por parte del grupo de gobierno actualizar la situación y ajustar la subida anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) que no se había aplicado hasta la fecha. Así, Lude reclama sin haber pagado nada la cantidad de 358.000 euros, lo que ha puesto en pie de guerra a la oposición.
En el punto décimonoveno Alternativa Ciudadana (AC-25M) solicita directamente que se le rescinda el contrato a la empresa Ludesport, una vez que se aclaren las cuentas de los últimos años y para posteriormente sacar a concurso la gestión con unas condiciones más claras de las que ha habido hasta ahora.