El parlamentario lanzaroteño de CC, David de la Hoz, entiende que "no es de recibo que el puerto de Playa Blanca y el de Corralejo estén en precario y que no se realicen actuaciones"

La ampliación del Puerto de Playa Blanca no será licitada antes de 2014 en el mejor de los casos

El consejero de Infraestructuras Públicas de Canarias, Domingo Berriel, explica que sigue faltando consenso institucional entre el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo y el Gobierno regional

La ampliación del Puerto de Playa Blanca, al sur de la isla de Lanzarote, va a continuar de momento pendiente de que se alcance un consenso sobre el nuevo diseño de la infraestructura entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza.

Así al menos lo indicó este lunes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, en el transcurso de una comisión de Infraestructuras Públicas del Parlamento regional.

Al respecto, el parlamentario lanzaroteño de CC David de la Hoz, quien preguntó a Berriel en dicha comisión sobre el futuro desarrollo del muelle sureño, ha afirmado en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio que "es un puerto que mueve más del 30 por ciento de pasajeros que se desplazan por los muelles que son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Según De la Hoz, "junto al de Corralejo, estamos hablando del 60 por ciento de pasajeros, así que no es de recibo que el puerto de Playa Blanca y el de Corralejo estén en precario y que mientras no se tome ningún tipo de actuación para mejorar estas instalaciones".

Tal y como ha señalado el parlamentario lanzaroteño, "el consejero ha dicho que primero no ha habido consenso y que, cuando lo ha habido, la Consejería ha señalado que el último proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo no es viable".

Durante el desarrollo de la citada comisión, Berriel explicó que la Dirección General de Puertos del Gobierno de Canarias presentó 26 alternativas diferentes a las autoridades lanzaroteñas para que seleccionaran las que podían dar una mejor solución a los problemas de tráfico de embarcaciones que presentan las actuales instalaciones, derivadas entre otros factores de los usos pesquero, deportivo y comercial.

Con las alternativas propuestas, se pretendía solucionar, entre otros, los problemas derivados de la concentración de actividades náuticas en una única dársena, el contar con una zona terrestre de operaciones náuticas de escasa superficie y el riesgo de interferencias entre transbordadores y embarcaciones menores, así como dotar a las instalaciones terrestres de más servicios.

No fue hasta el año 2009 cuando se alcanzó un acuerdo, por el que se seleccionó la alternativa número 6 de todas las presentadas como la más idónea para la ampliación del puerto. Esta alternativa consistía en la ejecución de una dársena exterior al actual puerto, con capacidad para los dos ferris que actualmente operan en él y, eventualmente, un crucero de tipo medio, dejando la dársena interior actual para uso deportivo y pesquero. Con esta solución, la ocupación de un nuevo espacio en la costa se minimizaría y la generación de nueva explanada sería la estrictamente precisa para las necesidades del puerto.

El proyecto ya había superado la fase de consultas ambientales previas, que convalidaba la alternativa escogida por consenso entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, pero, durante una fase posterior de consultas para que las autoridades lanzaroteñas refrendasen la solución planteada, ambas instituciones optaron por proponer, en 2010, la alternativa número 7 como la más recomendable para las obras de ampliación del puerto.

Sin embargo, los técnicos de la Dirección General de Puertos desaconsejaron dicha alternativa por problemas técnicos, operativos y ambientales, al considerar que consume más zona de costa, tiene mayor impacto visual, genera problemas de acumulación de residuos, representa mayores molestias a los propietarios de la zona posterior al puerto, y tiene mayores costes, especialmente derivados de la pérdida de unidad de gestión.

Así, Berriel explicó que se prevé un periodo de un año para terminar de redactar el proyecto y el trámite ambiental ante la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias, y de seis a doce meses para la adscripción por el Estado del Dominio Público Marítimo Terrestre afectado. De ahí que no se prevea la licitación de la obra antes de 2014, en el mejor de los casos.