La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Alisios del CEIP Playa Honda han trasladado este viernes en nota de prensa su preocupación ante lo que afirman que es la grave situación que afronta el colegio. El colectivo afirma que en estos momentos las familias y el alumnado carecen de infraestructuras suficientes para desarrollar las actividades educativas y extraescolares en condiciones dignas.
Desde hace meses, según establecen en su comunicado, han solicitado colaboración y soluciones a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Dirección Insular de Educación y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta alguna a pesar de la urgencia del problema y del perjuicio directo que supone para el alumnado.
"Ante el silencio institucional, y con el único objetivo de garantizar a nuestros hijos e hijas un entorno adecuado, hemos valorado una alternativa: la adquisición de un espacio modular, cuyo coste asciende a 8.000 euros. Esta situación nos coloca en una paradoja inaceptable: en un espacio público, las familias nos vemos obligadas a recurrir a inversión privada —mediante patrocinadores o crowdfunding— para cubrir necesidades básicas que deberían ser garantizadas por la Administración", informa el AMPA.
Además recuerdan que la legislación vigente reconoce de manera clara las obligaciones de las administraciones educativas:
- La LOE/LOMLOE (Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley 3/2020) establece en sus artículos 118 a 120 que las familias tienen derecho a participar en la gestión de los centros y que las AMPAs deben disponer de espacios adecuados, apoyo material y económico para desarrollar sus funciones.
- La Ley Canaria de Educación (Ley 6/2014) y el Decreto 81/2010 refuerzan esta obligación:
- La Administración está obligada a dotar de infraestructuras suficientes y a apoyar económicamente a las asociaciones de madres y padres.
"Por tanto, si las familias debemos financiar con dinero privado lo que corresponde garantizar a las instituciones públicas, se está produciendo un incumplimiento de estas obligaciones legales y una vulneración del derecho a una educación pública en condiciones de calidad y equidad", denuncian.
Desde el colectivo de familiares de los estudiantes del CEIP Playa Honda hacen a través de su nota de prensa un llamamiento a las instituciones competentes, para que reaccionen de manera inmediata, asuman sus responsabilidades y garanticen al alumnado las condiciones educativas que marca la ley. También se dirigen a la sociedad civil, empresas y particulares, para que, en caso de que las administraciones sigan sin dar respuesta ayuden a sufragar este espacio modular mediante patrocinio o crowdfunding.
"No pedimos lujos, solo lo imprescindible: un lugar digno donde nuestros hijos e hijas puedan aprender, convivir y crecer. Hoy más que nunca, nos encontramos con “el mundo al revés”: familias que, en lugar de recibir el apoyo de las administraciones, se ven forzadas a financiar con dinero privado las carencias de la escuela pública", sentencian.
