Nayra Callero desmiente a Blanca Blancas y asegura que presentó una enmienda a los presupuestos, no una moción, que salió adelante, y que en ningún caso pedía que el Ayuntamiento pagara los abogados de concejales imputados, sino la defensa de trabajadores y funcionarios implicados en causas judiciales

Alternativa denuncia que Nayra Callero ha pedido al Pleno de Arrecife que el Ayuntamiento pague los abogados de los concejales imputados

Función Pública da vía libre a Carlos Sáenz para que se reincorpore a su plaza como interventor en el Ayuntamiento de Arrecife

- Blanca Blancas califica de "déspota" la actitud del grupo de gobierno, que dio un día a la oposición para estudiar el pliego de condiciones del nuevo contrato de basura

Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha denunciado este viernes que Nayra Callero, la exconcejal del PP, ahora en el Grupo de los No Adscritos, ha pedido al Pleno de Arrecife que el Ayuntamiento pague por los servicios de los abogados defensores de los concejales de la Corporación que en la actualidad están implicados, como imputados, en algún tipo de causa judicial. Así lo ha confirmado la portavoz de Alternativa en Arrecife, Blanca Blancas, en declaraciones al programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.

Según ha explicado la concejal asamblearia, finalmente la moción se quedó sobre la mesa durante el último pleno celebrado en la capital lanzaroteña, a falta de un informe por parte del departamento de Intervención. La propuesta facilitaría dicho pago a los letrados que defienden, entre otros, al actual primer teniente de alcalde en Arrecife, José Montelongo (PSOE), y al exalcalde y actual portavoz del PP en la capital, Cándido Reguera, ambos imputados en la actualidad por distintos delitos en la Operación 'Montecarlo', que investiga el Juzgado Número 4 de Arrecife.

"Cómo no pagamos millonadas a abogados desde el Ayuntamiento, ahora querrán darle alguna propina a algunos amigos", ha advertido la portavoz de AC25-M.

Versión de Nayra Callero

Por su parte, la protagonista de esta denuncia, la propia Nayra Callero, ha querido aclarar ciertos aspectos importantes en referencia a lo que ha afirmado la portavoz de Alternativa Ciudadana. Callero ha desmentido a Blanca Blancas y ha asegurado que presentó una enmienda a los presupuestos en dicho pleno, no una moción, que salió adelante y no quedó sobre la mesa, como ha dicho la representante asamblearia, y que en ningún caso pedía que el Ayuntamiento pagara los servicios de los abogados de concejales imputados, sino la defensa de trabajadores y funcionarios implicados en causas judiciales.

El nuevo contrato de recogida de basuras

Por otro lado, Alternativa ha calificado de "déspota" la actitud del grupo de gobierno (CC-PSOE), que dio un día a la oposición en el pleno del pasado sábado para estudiar el pliego de condiciones del nuevo contrato de basura. "El pleno más importante de esta legislatura no era el de los presupuestos, sino el del nuevo contrato para adjudicar el servicio de recogida de residuos, porque en él se nos van nada menos que más de 70 millones de euros (...) la actitud de nuestros gobernantes se ve realmente en los plenos, pero una vez que se han marchado los medios de comunicación. El alcalde y este grupo de gobierno en minoría hacen gala de un gran despotismo pues no son transparentes ni facilitan la labor de la oposición", ha señalado Blancas.

Alternativa Ciudadana abandonó dicho pleno ante la falta de diálogo que, denuncian, mostró el Gobierno local. "También fue lamentable que el alcalde quisiera votar la moción de la FECAM pero no la de la plataforma de afectados por los desahucios", ha denunciado la portavoz de Alternativa.

Vuelta de Carlos Sáenz

Por otro lado, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha dado ya vía libre a través de un informe remitido al Ayuntamiento para que Carlos Sáenz para que se reincorpore a su plaza como interventor en el Consistorio. Según ha trascendido por fuentes extraoficiales, el Ayuntamiento ya cuenta con la respuesta que encargó a Función Pública, que había suspendido de sus funciones al interventor de Arrecife por su implicación en la Operación Montecarlo -también está imputado en la pieza número 13 de la Operación Unión- lo que le ha costado a Carlos Sáenz diez meses de prisión provisional.