Yonathan de León comparecerá el próximo 9 de junio como testigo para aclarar en el Juzgado el polémico caso de la anulación de multas

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, asegura este martes en nota de prensa que fue él quien mandató el pasado 18 de octubre de 2025 una investigación reservada e interna para esclarecer las anulaciones de tráfico practicadas por trabajadores municipales desde el año 2016. Esa investigación, de carácter reservado, fue mandata por el también responsable directo de la Policía Local con una providencia. Lo cuenta este martes en su nota de prensa para tratar de salir al paso de la citación que ya le ha llegado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife para que declare como testigo en este caso, el único político que en principio lo tiene que hacer, y para que resuelva las dudas ya planteadas por la Fiscalía sobre la ya famosa coletilla que se ponía para anular algunos procedimientos de "por orden directa del alcalde". 

En la comunicación explica que para el desarrollo de esta investigación reservada, a raíz de la información que el alcalde recibió desde la Concejalía de la Policía Local, se solicitó que se implantaran “medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de  anulación/cancelación en CGI por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes”.

El alcalde, en unas declaraciones a los medios informativos al término de la sesión plenaria del pasado 27 de marzo, confirmó que había solicitado a la Asesoría Jurídica que trasladara a la Fiscalía la investigación interna para depurar las responsabilidades sobre estas anulaciones, de las casi 2.300 multas, por una cuantía cercana a los 600.000 euros, que fueron presuntamente anuladas entre los años 2016 y 2025. En ese encuentro con los medios, tras el pleno, además adelantó que pondría a disposición de los medios la providencia donde ordenó la investigación interna en el Ayuntamiento tan pronto la Fiscalía presentara ante los juzgados y se abriera la investigación judicial.

Ahora, confirmado que el Juzgado de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) tiene abierto el procedimiento 0000711/2026, ante la querella formulada por la Fiscalía contra siete trabajadores municipales, cuyas identidades aparecen en la investigación interna y en la auditoría de la empresa del sistema informático de las sanciones de tráfico, el alcalde aporta a los medios informativos copia de la providencia del 18 de octubre que abrió, por su orden directa, esta investigación con las comunicaciones que “ fueron alertadas desde la Concejalía de Policía Local”.

En la providencia, el alcalde mandató:

PRIMERO. - Apertura de información reservada.

Iniciar información reservada para investigar todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales, determinando:

a)Relación completa de expedientes afectados (nº expediente, matrícula, infracción, fecha y estado).

b)Usuario/s que ejecutaron cada acción en CGI, fecha y hora, motivo invocado y soporte documental.

c)Existencia de instrucciones u “órdenes directas” y su trazabilidad documental.

d)Valoración preliminar de la conformidad jurídica de las anulaciones practicadas.

SEGUNDO.- Órdenes al responsable del contrato (CGI).

Ordenar al Responsable del Contrato, ………… , que:

a)Coordine de forma inmediata la extracción de registros (logs), histórico de acciones y permisos del módulo sancionador CGI, asegurando la integridad y cadena de custodia.

b)Emita informe técnico en el plazo de 10 días hábiles con el detalle de actuaciones, usuarios, perfiles y cualquier incidencia detectada.

c)Implante de medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de

anulación/cancelación en CGI por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes.

TERCERO.- Traslado a Jefatura y Secretaría General.

a)Jefatura de la Policía Local deberá remitir, en el plazo de 5 días hábiles, relación certificada de todas las multas afectadas, con informes de los agentes instructores y propuestas que, en su caso, obren en el expediente.

b)Secretaría General emitirá informe jurídico sobre las vías procedentes para la revisión de oficio, revocación o continuación de la tramitación, así como sobre la posible responsabilidad disciplinaria o de otro orden si procediera.

CUARTO.- Reactivación/tramitación de multas anuladas en plazo.

Ordenar que se tramite(n) todas aquellas multas que hubieran sido anuladas por los responsables y que aún se encuentren en plazo para su reactivación o continuación del procedimiento, siempre que sea jurídicamente procedente y sin haber operado la prescripción o caducidad, restituyendo el estado procesal que corresponda (iniciación, propuesta, notificación, resolución, ejecución), con notificación a los interesados y plena motivación.

QUINTO.- Conservación de evidencias.

Requerir a todas las unidades afectadas la conservación inmediata de documentos, comunicaciones y soportes electrónicos relacionados, con prohibición de borrado o alteración hasta el cierre de la información reservada.

SEXTO.- Comuníquese y publíquese internamente.

La presente providencia se notificará Responsable del Contrato (CGI), a Jefatura de la Policía Local, al Responsable del Servicio de Multas y a Secretaría General del Ayuntamiento de Arrecife, a los efectos oportunos.

En enero pasado fueron presentados estos documentos en la Fiscalía de Arrecife con el mandato del alcalde a través de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. En un párrafo final, que es el que justifica toda la información, Yonathan de León dice que seguirá ofreciendo a la Justica su colaboración y cooperación para el esclarecimiento de estas anulaciones. También confirma que como testigo irá el próximo 9 de junio para reiterar esta investigación interna del Ayuntamiento, y de la Concejalía de la Policía Local, de la que es su titular. El alcalde ha recibido este martes una solicitud para que acuda como testigo junto a la magistrada que instruye este procedimiento judicial.