AC sospecha que detrás de la descatalogación de bienes protegidos hay “intereses particulares”
El portavoz de Alternativa Ciudadana (AC-25M) en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Barreto, convocó este lunes a la prensa para expresar su “profunda preocupación” por las actuaciones del grupo de gobierno que dirige María Isabel Déniz sobre el Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA) y, sobre todo, por los cambios que se prevén para el Catálogo de Bienes Protegidos de Arrecife. Tanto él como sus compañeros sospechan que detrás de la revisión del Catálogo se esconden “interesas particulares” que pueden suscitar una nueva polémica.
Por su parte, el otro concejal de AC en Arrecife, Ginés Quintana, afirmó durante la comparecencia que desde su partido sienten que les han “tomado el pelo” en lo referido al PEPA porque, como él mismo aseguró, “mientras estábamos trabajando para encontrar un consenso a través de las alegaciones para que el plan definitivo fuese beneficioso para todos, ellos hacían lo que les daba la gana”. Se refería así a la decisión de la alcaldesa de aprobar el documento provisional por decreto el pasado 14 de junio ante la sorpresa de todos los partidos políticos y colectivos ciudadanos que seguían el proceso de cerca.
A pesar de que hace una semana se celebró un pleno extraordinario a petición de la oposición en el que se intentó revocar el Plan Especial y en el que AC también participó, no se consiguió paralizar el proceso, por lo que este partido ha decidido “ratificar” las alegaciones que ya presentó en octubre del año pasado y que plantean muchos cambios sustanciales al plan que al final se ha aprobado.
Por otra parte, Barreto hizo públicas las conclusiones a las que han llegado tras estudiar el nuevo Catálogo de Bienes Protegidos que ha presentado el Consistorio arrecifeño, y que según AC quiere descatalogar integral o parcialmente más de la mitad de los que incluía anteriormente y que hasta ahora forman parte del “legado histórico de Arrecife”, como juzga el representante del partido.
Entienden que las razones que llevan al grupo de gobierno a hacer estos cambios en el nuevo catálogo “están motivadas por causas económicas e intereses particulares”, por lo que anunciaron que presentarán alegaciones al proyecto del Ayuntamiento y que van a investigar las “posibles especulaciones” que sospechan que se pueden dar con los terrenos descatalogados.
Entre las exigencias que plantearán destaca la de crear un consejo general del patrimonio, que esté formado por especialistas que puedan asesorar convenientemente a la hora de realizar el catálogo y a los vecinos que les afecte la catalogación.
Derecho a sospechar
El representante de AC en Arrecife insistió en el “legítimo derecho” del partido a “sospechar ante la descatalogación de tantos inmuebles”. Quiere que quede claro que “no defienden que todo el inventario tenga que seguir así para siempre”, pero ante la aprobación provisional del documento entiende que “el catálogo se ha hecho desde los despachos sin tener en cuenta valores históricos ni arquitectónicos”.
Estas razones les han llevado a exigir la paralización del proyecto, que actualmente se encuentra en exposición pública y al que AC piensa presentar las alegaciones oportunas. Además de la creación del consejo general del patrimonio, quieren que se mantenga un número mucho más alto de inmuebles dentro de la protección de la ley, y no se conforman con las 69 que actualmente se contemplan, ya que para ellos sólo 25 son parte del “patrimonio histórico de Arrecife”, mientras que las que restan “no son más que relleno, como los parques, la Cruz de La Rocar o el muelle”, zonas que “evidentemente van a ser protegidas siempre”, como explicó Barreto.
Las zonas más “apetecibles”
Ante todas estas puntualizaciones, las sospechas del partido se han dirigido a la “especulación y los intereses particulares” como único motivo de las modificaciones del Ayuntamiento. Andrés Barreto expresó su “preocupación” ante el “especial interés que parecen haber puesto en zonas como la del Charco o la del Lomo”, a las que califica como “especialmente apetecibles” y en las que se encuentran gran parte de las viviendas a las que se pretende modificar el grado de protección.
Además denunció que en los “pocos inmuebles que se mantienen dentro del catálogo se permite remodelar todo el interior hasta cuatro plantas”. Estas actuaciones son para ellos suficientemente claras como para pedir que el catálogo quede sin efecto y para comenzar una investigación que ya han anunciado que se dirigirá a encontrar posibles casos de especulación con estos elementos protegidos de la capital.