"El Gobierno de Canarias está tramitando un decreto para imponer el gas en Gran Canaria y Tenerife"

- Román Rodríguez critica la gestión del Gobierno canario en relación al Plan General de Yaiza y cuestiona a CC y PSOE por la nueva Ley Turística para Gran Canaria y por no haber admitido a trámite siquiera la última propuesta para modificar el actual sistema electoral canario

Desde Nueva Canarias se ha recordado este lunes que las negativas a cambiar el actual sistema electoral canario de CC y PSOE la semana pasada en el Parlamento regional "demuestran que sus intenciones a lo largo de la legislatura son cantos de sirena que se desinflan al acercarse las elecciones". En esta ocasión, además, el Gobierno canario negó incluso la admisión a trámite de la propuesta del Grupo Mixto. Así lo ha denunciado en esta jornada el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, diputado regional del Grupo Mixto y expresidente del Gobierno de Canarias, quien ha hablado sin tapujos sobre las relaciones del Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias a cuenta del Plan General sureño, además de otros temas de la actualidad regional en las Islas.

- Dicen en Yaiza que les están fastidiando desde el Gobierno de Canarias con la aprobación definitiva del Plan General. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Le han informado?

- No lo sé porque es un asunto muy local, pero elementos de discriminación en relación al color político de territorios o ayuntamientos, haberlos haylos. No conozco el tema demasiado pero me informaré.

- Ha dicho la alcaldesa de Yaiza que en Coalición Canaria están mezclando su lío interno con temas institucionales del municipio, y alegan que ellos no tienen nada que ver con eso.

- Pues no me sorprendería. Creo que el lío es muy relevante y que está condicionando la política. El mejor ejemplo es la propia composición del Gobierno de Canarias, que tiene a determinadas personas que, en sentido estricto, debieron ser sustituidas hace mucho tiempo pero se mantienen allí. Creo que en estos momentos lo que justifica la orientación y la composición del Gobierno en estos momentos no es la atención ni la gestión a los ciudadanos, sino los asuntos internos de esta fuerza política.

- Abordando asuntos de la actualidad regional, durante la legislatura muchos se dan golpes en el pecho para cambiar el actual sistema electoral canario, pero luego cuando llega la hora de la verdad, la reforma nunca se aprueba, ¿no?

- Efectivamente. Nosotros hemos intentado cumplir primero con un compromiso de nuestro programa electoral, y este intento lo pusimos en evidencia durante el Debate de investidura, donde tanto Rivero como Soria en su momento estuvieron de acuerdo en que en esta legislatura se abordara el tema electoral. Nos dirigimos en el año 2012 a los grupos parlamentarios para iniciar los trabajos previos, sin condiciones. La idea era que entre todos encontráramos el punto de encuentro para mejorar un injusto sistema electoral, estas reglas que claramente son mejorables. No contestaron y tras un segundo intento en el 2013, hemos tomado la iniciativa en solitario, desde el Grupo Mixto, entre el PIL y Nueva Canarias, que lo que pretende es rebajar los topes para facilitar la participación en los procesos electorales y equipararnos al resto de comunidades autónomas y al resto de las instituciones. Pero sorprendentemente, se generó una situación insólita. Siempre que se intentó esto se admitió a trámite la iniciativa y luego es verdad que no se logró la solución. Pero es que en esta ocasión, los grupos que apoyan al Gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista, negaron la admisión a trámite e impidieron el debate, vulnerando yo creo que un principio básico en democracia como que las iniciativas, si reúnen los requisitos, sean al menos admitidas para su debate. Por lo tanto, les retrata a los socialistas y a Coalición Canaria, en relación a su talante democrático, esta negación total ni siquiera para debatir la propuesta.

- Cuéntenos la última hora sobre Inés Rojas, la posibilidad de reestructurar esta Consejería en el Gobierno de Canarias y el desvío de 6 millones de euros de Dependencia a Vivienda del que habla el Partido Popular. ¿En qué posición está Nueva Canarias en estos asuntos?

- Bueno, nosotros somos muy críticos con este departamento, pero no ahora, sino desde hace 7 años. Ha sido una Consejería mal dirigida donde al dato más preocupante es la gestión de la Ley de Dependencia. No hay medio de comunicación que no la critique. Este fin de semana el diario El País nos sitúa a la cola, en un estudio comparativo entre todas las comunidades autónomas. Pero es que ahora las críticas vienen de la Defensora del Pueblo que ha puesto los casos en la Fiscalía por la falta de respuestas de la Consejería. Hay un informe demoledor del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, sobre estos 7 años de gestión de la Dependencia en Canarias, al que le hemos pedido que lo exponga en el Parlamento de Canarias, y que con lo menos que califica esta gestión es de negligente. Pero la responsabilidad no la tiene la señora Inés Rojas, sino el señor Rivero, que la puso y la mantiene. La gestión es nefasta ahí, pero también en Deportes, Cultura y Viviendas, además de en Sanidad. Son departamentos básicos para el bienestar de los ciudadanos, y este es el peor desarrollo de la Ley de Dependencia, por no hablar de las listas de espera en Sanidad y el deterioro asistencial. La responsabilidad la tienen quienes la nombran y la mantienen, el señor Rivero y el señor Pérez.

- Pero, ¿qué cree que gana Paulino Rivero manteniendo a Inés Rojas?

- No lo sé. El que lo tiene que explicar es él. Desde luego creo que quienes no hganan en absoluto son los ciudadanos de Canarias. Hasta los propios grupos que sustentan al Gobierno han reprobado a Inés Rojas y desde Coalición Canaria ya ni quieren hablar de la gestión de Inés Rojas. Empiezo a encontrar tanta unanimidad en relación a esta gestión, con los gerentes de los Servicios Sociales también, con los propios técnicos, que se me asimila a lo de la Ley Turística, donde el Gobierno canario sigue con su sordera.

- Sí. Los empresarios de Gran Canaria y Tenerife hablan de algo que nos suena mucho en Lanzarote, la inseguridad jurídica, que está haciendo que se vayan las inversiones fuera.

- Claro. En este tiempo cada isla ha planificado su desarrollo territorial y sus modelos de ordenación turística. Cada Cabildo tiene entre sus competencias la ordenación insular y en este tiempo cada isla ha ido modelando su desarrollo. Pero ahora la Ley de Renovación y Modernización impone unas formas de crecer que no tienen nada que ver con lo que dicen estos planes que hemos tardado ocho años en hacer y sin conflictos, sino de forma unánime. El Plan dice que se crezca por donde haya necesidades, y en el caso de Gran Canaria se permite el crecimiento para establecimientos de mínimo cuatro estrellas, porque el sector en esta isla tiene muchos apartamentos y mucho sector extrahotelero. Las cosas han cambiado, el Plan del Cabildo dice lo que dice, pero ahora con esta Ley de Canarias se dice que no. Se pasa por encima del planeamiento y de las competencias de los propios cabildos. Así es muy difícil construir futuro. Ya no es que tenemos muchas normas, sino que las que tenemos se las saltan, dejando en papel mojado las normas que todos nos hemos dado, y con el beneplácito del Partido Socialista y de Coalición Canaria. También nos parece fuera de lugar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, donde subyace la bronca entre Soria y Rivero, que están haciendo un daño irreparable a la ciudadanía, que no necesita más pleitos entre ellos.

- El próximo sábado hay manifestación contra el petróleo en Canarias. ¿Cuál es su posición en este tema?

- Nosotros somos contrarios a la decisión unilateral del Gobierno de España sobre el petróleo, trasladando los riesgos a la colectividad y los beneficios a los particulares. Apoyamos con entusiasmo la consulta popular que propone el Gobierno de Canarias, pero también nos parece una pose del Gobierno, pues no parece muy razonable que el Gobierno diga no al petróleo, pero en paralelo está tramitando una decreto para imponer el gas en Gran Canaria y Tenerife. Digamos que con una mano decretazo al gas y las energías fósiles y con la otra, en un contrasentido de quien hace las cosas solo por intereses tácticos, no al petróleo, sí a las renovables y democracia casi directa con la consulta.