Un respiro para Inalsa
Como adelantó este diario en su edición digital, www.cronicasdelanzarote.es, el Cabildo de Lanzarote decidió este martes por unanimidad del Pleno interponer esta semana un ‘conflicto de jurisdicción' ante el Juzgado Número 13 de Las Palmas con el propósito de ponerle punto final al laudo que condena a Inalsa a pagar más de 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio, por el supuesto incumplimiento del contrato de construcción y explotación de la planta desaladora Inalsa Sur. Aunque el Juzgado puede inhibirse o no de ejecutar el laudo, la mera presentación del ‘conflicto de jurisdicción', apoyado en la Ley de Conflicto Jurisdiccional, evita la ejecución del fallo.
Se trata sin duda de una magnífica noticia para todos aquellos que hemos defendido, como ha hecho este medio en infinidad de ocasiones, lo importante que era encontrar el resquicio legal oportuno para evitar que hubiera que indemnizar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con una más que millonaria cantidad de dinero que iba a salir del bolsillo de todos los contribuyentes y que iba a dejar en una situación más que delicada a la empresa pública. Las dos consejeras del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), María José Docal y Plácida Guerra -era la consejera delegada de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) cuando se firmó el contrato-, no estuvieron en la sesión celebrada en el Cabildo.
Recientemente en este diario subrayamos, antes de conocer la estrategia jurídica emprendida, que estábamos ante uno de los instantes más cruciales en la historia de la empresa pública más importante de Lanzarote. Después de la sombra de la privatización que anidó durante algún tiempo por Punta de los Vientos y que provocó incluso una airada reacción de los trabajadores con manifestación incluso por las calles de Arrecife, la tranquilidad y la relativa normalidad se adueñaron de un lugar que en años pretéritos ha sido un verdadero polvorín. Sin embargo, insistimos en que un asunto que se arrastra del pasado, que tiene que ver con los errores y desaciertos de la pasada legislatura, golpea con crudeza a su frágil estructura. Nos estamos refiriendo al polémico laudo dictado por la extinguida Cámara de Comercio de Las Palmas que obliga a Inalsa a indemnizar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio-SPA a pagar la nada despreciable cantidad de 10 millones de euros por incumplir el contrato que se hizo en su día para construir la planta desaladora de Janubio, en Yaiza.
Lo peor de las historias es cuando se recuerdan mal o se cuentan con torticeras intenciones. La planta desaladora de Janubio no se hizo porque la mayoría de la población de Lanzarote y la mayoría de las formaciones políticas entendieron que no era más que el paso previo para intentar privatizar el resto de la empresa. Así lo defendieron los por entonces asustados trabajadores, que respiraron cuando se determinó que aquello no se hacía, entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Yaiza, gobernado en ese momento por un alcalde de Coalición Canaria-Partido Nacionalista de Lanzarote (CC-PNL), José Francisco Reyes, se negó a dar la licencia de obra que se requería para iniciar la construcción.
Por tanto, intentar responsabilizar al actual consejero delegado de la compañía, Mario Pérez, de algo con lo que la mayoría estaba de acuerdo, parece cuanto menos oportunista y desmesurado. De hecho, en este diario entendimos cuando se inició el conflicto y seguimos entendiendo ahora que lo más inteligente para todos, teniendo en cuenta que los 10 millones saldrían del bolsillo de todos los ciudadanos de la Isla, es apoyar la búsqueda de fórmulas para evitar el pago, evitando si es posible la colocación interesada de zancadillas en busca de rédito electoral. Ocurra lo que ocurra, se trata de que la empresa de las hermanas Koplowitz no se lleve un dinero de una sociedad estratégica para un lugar que depende al cien por cien de las máquinas que hacen el milagro de transformar el agua salada del mar en agua dulce o desalinizada.
Con la decisión acordada este martes parece que los fantasmas más terribles han pasado a mejor vida, y que se puede incluso respirar, se puede pensar que el terrible problema que se planteaba está salvado. Habrá que confiar en que se hagan las cosas bien en los tribunales de justicia para que los ciudadanos de Lanzarote no se vuelvan a llevar más sustos.