¿Qué pasaba cuando las pateras llegaban a Lanzarote y a Fuerteventura?
Llevamos varios días sopesando la posibilidad de no escribir este artículo editorial, sobre todo porque en este diario existe el convencimiento firme de que Canarias no es un grupo de ocho islas habitadas perdidas en la inmensidad del Océano Atlántico. Aquí creemos firmemente que Canarias es una Comunidad Autónoma que pertenece a un país que se llama España y que merece el mismo trato que el resto de comunidades peninsulares, ni mejor ni peor. Para defender esta vieja reivindicación, que por regla general no se cumple, es fundamental estar convencidos de que todas las islas merecen el mismo trato, desde Gran Canaria a La Gomera, desde Tenerife a Fuerteventura. Por eso, fomentar los pleitos insulares, como se hace en otros diarios con la única intención de vender más ejemplares calentando el ambiente, no es nuestra misión.
Ahora bien; todo en la vida tiene un límite. Y el límite ya se ha pasado de largo. Lanzarote y Fuerteventura comenzaron a sufrir en la década de los noventa un fenómeno que ya se llevaba padeciendo años antes en el Estrecho de Gibraltar, la llegada de pateras cargadas de inmigrantes irregulares. Al principio no se le dio demasiada importancia al fenómeno, sobre todo porque no eran muchas las barquillas que llegaban en comparación con las que lo hacían a la zona sur de la Península. El Gobierno que presidía José María Aznar decidió actuar con contundencia y brindó el Estrecho, lo que fue un acierto notable, al menos para los andaluces. Desde ese momento el fenómeno aislado se convirtió en reiterado, y los grupos pasaron a ser auténticas avalanchas. No había un día en el que no se detectara una barquilla en las costas de las dos islas más orientales del Archipiélago. Como bien saben todos los que lo vivieron de cerca, todos los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, el fenómeno fue creciendo y creciendo, provocando todo tipo de problemas y de trastornos que llevaron incluso al presidente del Partido Popular (PP) en Fuerteventura, Domingo González Arroyo (por entonces alcalde de La Oliva), a demandar la vuelta de la Legión y la utilización de la Armada para combatir a las mafias que se lucran con el traslado de seres humanos que sólo quieren una oportunidad mejor en sus vidas. A González Arroyo menos bonito se le llamó de todo, y las pateras siguieron llegando, y los cementerios se fueron llenando de cadáveres sin nombre que jamás reclamó ni reclamará nadie.
De vez en cuando el Gobierno central hacia como que quería hacer algo, y de vez en cuando el Gobierno de Canarias protestaba, con timidez y tibieza. De vez en cuando también alguno de nuestros representantes en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, alzaba un poco la voz en su grupo parlamentario para ver si alguien hacia algo con el asunto. Todo parecía inútil, y la cosa continuaba, con un par de patrulleras vigilando las luengas costas de las dos islas cuando no estaban amarradas en un pantalán por avería.
El Gobierno socialista llegó al poder, y la cosa cambió. Cambió porque el reino que dirige con mano firme Mohamed VI decidió que había llegado el momento de actuar, bloqueando la actuación de las mafias en su territorio y obligándolas a trasladarse más al sur, a Mauritania. Fue entonces cuando Lanzarote y Fuerteventura dejaron de interesar como ruta, cuando aparecieron los cayucos y cuando Gran Canaria y Tenerife se convirtieron en objetivos prioritarios. Fue entonces cuando el Gobierno de Canarias sí puso el grito en el cielo, cuando se movilizó toda la sociedad de las Islas, cuando el Gobierno central lo tomó como un tema de Estado, cuando se debatió con crudeza el asunto en las Cortes Generales.
Cuesta creer que la historia de los acontecimientos sea tan sencilla y tan cruda de contar, pero el que sabe un poco del tema conoce que no hay mentira en el relato. No es que no queramos que se arregle el asunto, no es que no queramos en esta parte de las Islas que se atiendan las exigencias de Gran Canaria y Tenerife. Sólo decimos que nos habría gustado que en su momento se hubiera producido la misma respuesta, cuando prácticamente a gritos se demandó una ayuda que jamás llegó.
Lo último que hemos sabido es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo este miércoles que se ha producido un “cambio cualitativo en la actitud y el compromiso” de la UE con el problema de la inmigración y pronosticó que las medidas previstas conducirán a una “reducción sustancial” de la presión que sufre Canarias.
En respuesta al portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, Zapatero reconoció en el pleno de la Cámara Alta que este año ha comenzado con datos “manifiestamente superiores” en cuanto a la llegada de embarcaciones a las costas españolas, pero rechazó que los centros de internamiento canarios estén desbordados, al tiempo que invitó al dirigente popular a visitarlos.
García Escudero consideró que la situación de Canarias es “la historia de un clamoroso fracaso”, consecuencia del proceso “masivo” de regularización puesto en marcha por el Gobierno, que “decidió ir por libre” en la Unión Europea, aunque confió en que los esfuerzos realizados en Bruselas por la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega supongan el abandono de esa política.
Siendo absolutamente objetivos, hay que recordar al senador del PP que ha perdido la memoria, que no recuerda lo que sucedió en los ocho años de gestión de su formación y de su líder, José María Aznar. Siendo absolutamente objetivos, hay que pedirle al presidente del Gobierno que vaya un paso más allá de las palabras bonitas, y se decida a tomar medidas mucho más contundentes.