Los charcos del caso eólico
Hace unos días nos hacíamos eco en el artículo editorial de este diario de la existencia de un rumor que se ha extendido como la pólvora por los ambientes políticos sobre el tremendo daño que va a hacer a la imagen del Partido Popular (PP) el caso eólico, el concurso de adjudicación de parques eólicos en distintas islas que fue suspendido por la sospecha de que se había dado información privilegiada a empresarios que optaban al concurso. Decíamos que es un tema que afecta seriamente al PP porque era una de sus consejerías, la de Industria, la que tramitó el procedimiento, y afecta al PP porque el hermano del presidente regional, Luis Soria, era el que supervisaba toda la operación. Unos días después de que nos adelantáramos con este artículo el mismo presidente regional del PP, José Manuel Soria, fue el que convocó una rueda de prensa para anunciar que los populares se iban a personar en la causa. Fue una manera de intentar hacer ver que son los primeros que quieren que se dé transparencia al proceso.
Poco o nada ha ayudado a la causa popular la última declaración -más bien no declaración- de uno de los principales imputados, el ex director general Celso Perdomo. Sorprendiendo a propios y a extraños, Perdomo se acogió este jueves a su derecho a no declarar en su cuarta comparecencia ante el juez Miguel Ángel Parramón, que investiga las presuntas irregularidades advertidas en la convocatoria de un concurso eólico en la comunidad canaria. Su abogado, Alberto Hawach, presentó esta semana un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, del que es titular Parramón, en el que solicitaba la nulidad de las pruebas practicadas. Un escrito que este miércoles motivó la negativa de otro de los inculpados, Alfredo Briganty, a contestar a las preguntas relacionadas con las grabaciones telefónicas practicadas por la policía.
En la sesión de este miércoles, además, prestaron declaración ante el juez y el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, los testigos Carmen Rosa García Vizcaíno y Antonio Elías López Gulias, la primera, empleada de la librería Canayma, y el segundo, funcionario de la Consejería de Industria. Según explicaron varios letrados, ambos fueron interrogados sobre la presunta compra irregular de varios libros con fondos de la Consejería de Industria por la novia de Perdomo, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, quien también figura como imputada en la causa.
Como se recordará, a Perdomo, principal inculpado en el caso, se le imputan delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho y facilitar información privilegiada, y a su novia, los dos últimos.
Ocurra lo que ocurra, la imagen del PP está seriamente dañada. Lo que se estima ahora es que el tema se va a resolver poco tiempo antes de que se celebren las elecciones, y que las perspectivas no son nada buenas. De hecho, lo que se intuía como un negocio importante al que concursaron incluso empresas públicas como Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), no es más ahora que un tremendo lodazal, del que los ciudadanos parecen saber poco más que una mínima parte.
La semana pasada, el responsable de Energías Renovables de Unelco-Endesa, Juan Linares, afirmó que era “extraño” que el concurso eólico primara la instalación de parques eólicos en suelo público cuando lo que importa es el viento y no la titularidad de los terrenos.
El responsable de Energías Renovables de Unelco-Endesa compareció este miércoles en la comisión parlamentaria que investiga el concurso eólico y señaló, a preguntas de la diputada del Partido Socialista Gloria Gutiérrez, que la mayor puntuación otorgada al suelo público “era conflictiva”. Además, Juan Linares detalló que de las 32 ofertas que presentó su empresa sólo dos eran en suelos públicos. El representante de Unelco-Endesa, en una comparecencia que no ha tenido desperdicio, indicó que no había un estudio suficientemente válido y contrastado sobre las zonas de viento en las Islas, y por ello, la empresa realizó un estudio en el que medía su intensidad y que no coincidía con los índices de potencial eólico que establecía las bases del concurso. Respecto a la tecnología y al tipo de aerogeneradores que se debían instalar en los nuevos parques eólicos, Linares señaló que su empresa se presentó con dos tipos de máquinas dependiendo de las zonas de vientos y, a preguntas de la diputada de Coalición Canaria Nuria Herrera, señaló que el tipo requerido era fabricado, además de por Enercon, por la empresa General Electric.
En respuesta al diputado del PP Manuel Fernández, en la parte tal vez que más se esperaba, Linares señaló que no tuvo constancia de unas empresas tuviesen información privilegiada sobre el concurso. “Todos estábamos en igualdad de condiciones”, destacó antes de recordar que se sorprendieron por las informaciones posteriores referidas al posible conocimiento que algunas empresas tuvieron antes de la convocatoria.
Que dijera esto el representante de Unelco no quiere decir ni mucho menos que la información privilegiada pueda haber existido. De hecho, para eso se abrió la comisión parlamentaria, para determinar el grado de implicación política que puede haber en los indicios bastante evidentes de que alguien jugó con ventaja, en un negocio que es absolutamente rentable, tal y como reconoció el propio representante de Unelco, quien citó como ejemplo de la rentabilidad que en un parque de una potencia de 10 megavatios se pueda obtener un 12,9% en un negocio de 20 años. No obstante, apuntó que es un negocio que hay que “conocer bien”, ya que, si bien puede resultar rentable, en caso de una equivocación sobre la previsión de producción diaria el error “se paga”. De todos modos, cuando hay tanto lío en torno a un asunto de estas características es normal que existan sospechas, y sobre todo es normal que se llegue hasta el fondo de la investigación.