La última hora del Plan Territorial Especial
Poca gente se imaginaría cuánta razón tenían los representantes del Partido Socialista Canario (PSC) y de Alternativa Ciudadana (AC-25M) cuando decían al comienzo del mandato que termina este viernes de forma oficial con la toma de posesión como presidenta del Cabildo de Manuela Armas, cuando ambas formaciones estaban en la oposición del Cabildo, que el Plan Territorial Especial era un documento fundamental para el desarrollo de la Isla y que iba a dar mucho que hablar.
Desde luego, ha dado mucho de qué hablar y mucho sobre lo que escribir. De hecho, en la breve pero intensa historia de este diario ya se han tenido que dedicar algunos editoriales a analizar las noticias que giran en torno a este vital documento.
Después de todo lo dicho y escrito, se puede llegar a una clara conclusión: el Plan Territorial ha sido mal gestionado, mal administrado, y sobre todo, mal hecho. Si no fuera así, de momento se habrían evitado los agrios enfrentamientos que se han producido no sólo entre los representantes del grupo de gobierno y de la oposición sino entre los propios integrantes del grupo de gobierno -Coalición Canaria (CC) contra el PSC y su consejero Carlos Espino-, que mantuvieron posturas totalmente distintas en las formas y los modos de sacar adelante este asunto.
Estos problemas derivaron en la dimisión de Fernando Prats, el urbanista mallorquín que asumió la responsabilidad de hacer el documento después de ganar un concurso público que fue cuestionado por el resto de las empresas que se presentaron, que no entendieron la oferta presentada por Prats. Algunos le acusaron, aunque no siguieron adelante, de que podría haber llevado a cabo una baja temeraria. Para evidenciar lo poco que a su modo de ver trabajó Prats, la presidenta en funciones, Inés Rojas, presentó este viernes lo que hizo el urbanista -y lo que cobró- y lo que ha hecho la empresa pública Gesplan. La diferencia, si creemos que es así -no hay motivos para pensar otra cosa-, es más que ostensible.
La mayoría de la población que todavía se preocupa de estas cosas (muchos ciudadanos, por fortuna) no digirió muy bien el debate sobre la inclusión o no de la oferta complementaria de ocio. Sobre todo después de comprobar que durante varias semanas esta oferta complementaria se negaba como Pedro negó a Cristo antes de que le crucificaran, para luego, por arte de no se sabe qué, aparecer en el documento.
Los socialistas no querían ni oír hablar de este asunto, y pretendían que el texto, un “tocho” impresionante, se aprobara en los términos en los que redactó el equipo que coordina el urbanista Fernando Prats. Por suerte para los que abogan por el diálogo en este tipo de actos, al final se impuso la tesis defendida por la mayoría del grupo de gobierno del Cabildo y por su presidenta, Inés Rojas, para que se produjera un diálogo fluido con los agentes sociales implicados en el tema y con los ayuntamientos, lo que retrasó su aprobación.
Los socialistas, que se habían empeñado hasta extremos insospechados en sacar adelante este asunto, siguieron advirtiendo a sus socios con la urgencia del tema, con sacarlo adelante lo antes posible a riesgo de que se resquebrajara su acuerdo antes de lo debido.
En los ayuntamientos tampoco lo tuvieron demasiado claro. Para muestra un botón, el mismo que ya se descosió hace meses. De hecho, sigue existiendo, como ya adelantó en su momento el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, un enfado monumental entre los alcaldes de Tinajo, Teguise, Yaiza y San Bartolomé por la injustificada ausencia de los técnicos del Área de Política Territorial y Medio Ambiente en las reuniones que se han celebrado para hablar sobre el Plan Especial de La Geria. La queja, aunque hablaba de los técnicos, tenía como indiscutible protagonista al consejero de Política Territorial. Carlos Espino consiguió en muy poco tiempo batir todos los registros que existían sobre la forma de crearse enemigos en política. No sabemos si se trataba de una táctica política diseñada por su partido o si le había salido de casualidad. Lo que sí que sabemos es que su comportamiento no gustó a muchos representantes públicos, sobre todo a los alcaldes. Que se lo digan a José Francisco Reyes y a Juan Pedro Hernández, que están inmersos ahora en un proceso judicial que no se sabe cómo va a terminar.
También está claro que a Carlos Espino, como ha sostenido en varias ocasiones, no le importa caer antipático. Lo que le importa es sacar adelante los objetivos que se ha marcado, aunque se le acuse de poco demócrata, como hizo en su día el portavoz de Alternativa en el Cabildo, Pedro Hernández, por su supuesta intervención para suspender un interesante debate sobre el territorio.
En cuanto a la desclasificación de las camas turísticas se refiere, que es uno de los pilares básicos del asunto de la contención, el Cabildo dijo en todo momento que no se planteaba riesgo en cuanto a los planes parciales, existiendo únicamente una duda en lo que respecta al Plan Parcial Playa Blanca, para el cual se propusieron alternativas contempladas por la ley que evitarían así el riesgo.
Esperemos que todo el lío que se organizó sirviera para algo, y que la nueva presidenta, que llevará directamente el controvertido departamento de Política Territorial, sea eficaz y contundente en este asunto. Nos jugamos mucho.