Jueces juzgados
Alguien de notable talento dijo una vez que un país no era verdaderamente democrático hasta que alguno de sus jueces terminaba en la cárcel. En España se pueden contar con los dedos de la mano los casos de los jueces que han pasado por prisión, algo que no es lógico cuando se ha puesto de manifiesto que muchos de los que siguen ejerciendo no sólo no cuentan con la capacidad para ejercer un cargo de tanta importancia sino que son sospechosos de impartir una injusticia tan subjetiva como subjetivos son los intereses a los que defienden.
Parece que últimamente se está investigando a los jueces, algo que es absolutamente normal, puesto que los jueces no son otra cosa que defensores de lo público, trabajadores al servicio de los ciudadanos. Es tanto su poder que muchas veces esto se confunde, y parece que los ciudadanos son los que están a su servicio. De hecho, existe auténtico pavor entre los habitantes de este país a acudir delante de un juez. Cualquiera que se haya pasado por un juzgado se dará cuenta en seguida del miedo que siente la mayoría cuando se pone frente al estrado y frente a sus señorías.
Poco contribuye a establecer vínculos reales con la objetividad el hecho de que los jueces se dividan en corrientes de opinión. No es normal que existan jueces de izquierda, jueces de centro y jueces de derecha. Los jueces no deberían ser de nada, deberían estar tan ciegos como la hermosa mujer que da símbolo al gremio justiciero, y si no ciegos, al menos entrar en los tribunales con una venda en los ojos que les salvaguarde de prejuicios, intereses y pensamientos.
Dicho esto, también es cierto que no se puede condenar a todos los jueces, ni siquiera a los que están bajo sospecha, porque existe algo que es la presunción de inocencia que en este país, esperemos que por muchos años, es sagrado.
Este martes supimos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado rechazar el recurso de apelación interpuesto por el presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, para, entre otras cuestiones, anular las escuchas telefónicas que motivaron la suspensión de su cargo por un presunto delito de prevaricación al supuestamente favorecer al narcotraficante Rafael Bornia. Se trata de un escándalo mayúsculo que implica a un juez que conocemos muy bien en Lanzarote. De hecho fue el juez que presidió el juicio del caso del Complejo Agroindustrial de Teguise, el juicio en el que se condenó nuevamente a Dimas Martín a varios años de cárcel.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Antonio Castro, Fernando de Lorenzo y Margarita Varona acordaron, en un auto con fecha del pasado 21 de julio, desestimar el recurso de apelación presentado por José Antonio Martín y al que posteriormente se adhirieron Julio Bornia Bordón y Wilebaldo Luis Yanes. Los imputados pretendían que "se declarase la nulidad de unas escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas", Miguel Ángel Parramón, en el marco de la Operación Eolo sobre una presunta trama de corrupción político-empresarial en un concurso público para la instalación de molinos de viento. Y es que, las escuchas telefónicas están a la orden del día, y si no que se lo digan a los implicados en la trama de Marbella. Pero, claro, si una escucha telefónica no vale como prueba de que se puede haber cometido un delito tan grave como el que se le imputa a Martín, ¿qué vale?
En sus razonamientos jurídicos, la Sala señala que el recurso de reforma “no parece que quepa sostenerse siquiera la pretensión de impugnación y que tal proveído fue adecuadamente mantenido en el auto de 24 de junio de 2006”.
La Sala entiende además que “al calor de la impugnación” de la citación se trató de introducir una "cuestión harto diferente" para que se declarase la nulidad de unas escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, y que dieron origen a la investigación del TSJC. Explica que la magistrada en su auto no entró a valorar la cuestión porque entendía que la primera diligencia era oír a los imputados "sin perjuicio, de continuar adelante con la instrucción, se pueda llegar a entender, en un momento posterior, las alegaciones de nulidad realizadas por la parte".
Como es obvio, se trata de un asunto ciertamente delicado que implica a una de las personas más importantes del Archipiélago. Que sea importante no significa que tenga que quedar en libertad, ni tampoco significa que sea condenado ya de antemano. Hay que esperar a lo que dictaminen los compañeros que están llevando el caso. Siempre hay que confiar en la justicia, aunque sea tan lenta y perezosa como la nuestra, mucho más en Canarias, donde ya se sabe que los asuntos tardan en resolverse mucho más tiempo que en el resto del país. Por algo será.