El Gobierno ante la Cámara de Comercio
Hace pocas fechas, el Parlamento balear aprobó su Ley autonómica de Cámaras de Comercio. Una de las consecuencias del acto, recogido en el artículo primero de la Ley, ha sido la inmediata y automática creación de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera. Se crea así en el otro archipiélago del Estado un marco que posibilita la descentralización de las Cámaras de Comercio, dando primacía a la circunscripción insular. Este hecho político señala las abismales diferencias existentes entre el Govern balear y el Gobierno canario en materia cameral. Allí hubo voluntad política, aquí no; allí se han eliminado obstáculos a la constitución de nuevas Cámaras, aquí no; allí los hechos coinciden con un discurso político tendente a irradiar la descentralización política y administrativa atendiendo al hecho insular, aquí no.
Sirve este ejemplo para ilustrar el activo papel, aunque desafortunado y partidario, que el Ejecutivo autónomo ha venido desempeñando en material cameral en la pasada y presente legislaturas, evidenciando que no hay voluntad política por construir un nuevo mapa de representación empresarial acorde a lo que dicta el Estatuto de Autonomía, y en el que cada una de las islas están llamadas a jugar roles relevantes e independientes de las jerarquías provinciales.
El pleno electo de la Cámara de Comercio de Lanzarote acordó ayer, por aclamación, abstenerse de votar la lista de los seis vocales colaboradores presentada por la Confederación (Gran)Canaria de Empresarios con el aval de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Ejecutivo autónomo. Previamente anuló la presentada por diversas organizaciones empresariales lanzaroteñas al considerarlas no representativas. Extraño mundo en el que anda la Consejería y el mismo Gobierno cuando consideran no representativas a la Confederación Lanzaroteña de Empresarios, a la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (Aetur), a la Federación de Empresarios del Metal de Lanzarote (Femelan), a la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote, a la Asociación de Empresarios Arrecife Zona-Centro, a la Asociación de Empresarios de Puerto Naos, a la Cooperativa de Transportistas Terrestres o a la Asociación Promotora de la Ley de Cámaras de Comercio de Canarias. Extraña concepción tienen la Consejería y el Gobierno de la vertebración político-administrativa de las Islas cuando imponen la supremacía de las más habitadas sobre las menos habitadas, cuando afirman que, en Lanzarote, es representativa una Confederación (Gran)Canaria de Empresarios que habita en la isla redonda sin prestar la más mínima atención a Lanzarote. Otra vez el centralismo provincial.
Esta situación no es nueva. El Gobierno de Canarias pudo en la pasada legislatura allanar la vía conejera hacia la emancipación cameral y no lo hizo. Tampoco en la presente. Se ha dedicado a obstaculizar el proceso, a veces colocando barreras infranqueables, siguiendo fielmente los dictados de la gran patronal, que ve con recelo y con displicente desconsideración la reivindicación empresarial lanzaroteña de ocupar el lugar que le corresponde en el nuevo concierto económico canario, bajo los irrefutables argumentos del crecimiento económico, el dinamismo empresarial, la generación de riqueza, la creación de empleo y la constatación de un sólido carácter emprendedor.
Las reiteradas intromisiones gubernamentales en el ámbito del movimiento empresarial son intolerables en un contexto de separación de poderes. Ante esta opresiva situación, el sector más dinámico del empresariado lanzaroteño ha decido plantarse una vez más, demostrando que no comulga con ruedas de molino y que cuenta con la inventiva, la creatividad y la capacidad de respuestas necesarias para no permitir imposiciones ilegítimas sustentada en informes débiles y sesgados. La vía conejera es innovadora, también, al no permitir que le fuera impuesta una lista de ocho vocales colaboradores de los que siete se presentaron a las elecciones al pleno de la Cámara y fueron rechazados por las urnas. Lo llamativo es que esto no lo ha conseguido ninguna otra isla.
En el ámbito político e institucional no se aprecia, pero en el empresarial Lanzarote está dando muestras de vigor para no doblegarse a la injusticia, a las imposiciones. Y lo más interesante de todo es que la vía explorada es absolutamente legal.