El dinero del Gobierno de Canarias
Hablar de dinero entre instituciones públicas es siempre complicado. La mayoría, por no decir casi todas, andan siempre con el agua al cuello, muchas incluso gastando lo que no tienen. Qué decir si se habla de dinero cuando se acercan las elecciones. Es ahora, precisamente ahora, en esta presalida de la precampaña cuando se empiezan a vislumbrar las estrategias de los unos y los otros, que tienen que ver, porque desgraciadamente está comprobado que funciona, con la loca y apretada inauguración de todo tipo de obras en las que se ha invertido el penúltimo dinero de la legislatura.
Una institución que no ha atravesado precisamente una buena legislatura ha sido el Cabildo de Lanzarote, donde la inestabilidad política ha hecho prácticamente imposible que se pudieran ejecutar los proyectos de programa que llevaban los unos y los otros. El principal objetivo que se habían marcado sus consejeros de Economía y Hacienda, Astrid Pérez y Luis Celestino Arráez, no era otro que el de sanear las arcas públicas de una corporación que ciertamente ha vivido tiempos de mayor esplendor.
Objetivamente hablando, con los números en la mano, se puede decir que tanto Astrid Pérez como Luis Celestino Arráez han realizado una buena labor al frente de este complicado departamento, consiguiendo el milagro de reducir la tremenda deuda que se encontraron y consiguiendo, no al cien por cien, dirigir por el sendero de lo razonable a todos aquellos que siguen pensando que la caja común tiene un fondo infinitivo.
El Cabildo de Lanzarote, además, se ha encontrado con la tremenda dificultad que supone el no contar con un Gobierno de Canarias que colabore al menos en la ejecución de los pagos que tiene pendientes y que le han sido impuestos por sentencia judicial. José Carlos Mauricio vino a la Isla haciendo de Mister Marshall y prometió que se iba a invertir una cantidad imposible de reproducir si no se piensa que no existe, 500 millones de euros. También vino el presidente regional, Adán Martín, y ratificó lo expuesto por su compañero. Sin embargo, de lo que no parece que se quiera hablar con detalle en el Gobierno autónomo es de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de condenarles a pagar la cantidad que se adeuda a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura por el mal reparto que se ha hecho de los beneficios del Régimen Económico y Fiscal (REF) en los últimos años.
Este viernes, además, nos enteramos de que el propio TSJC ha ratificado la demanda del Cabildo de Lanzarote en relación al reparto de los fondos del REF. En esta ocasión, el Gobierno de Canarias deberá abonar también el reparto correspondiente a los años 1999 y 2000, además de los intereses de demora acumulados, tal y como se había solicitado con anterioridad. Como es sabido, se trata de la segunda sentencia fallada en estos términos a favor de la Primera Institución de la Isla, después de que en mayo de este año el Ejecutivo autonómico fuese obligado a indemnizar al Cabildo por irregularidades en la liquidación del REF del año 2001.
No es extraño por tanto que el consejero de Economía, Hacienda y Contratación de la Corporación insular mostrara su profunda satisfacción por la decisión del TSJC, que a su modo de ver “viene a refrendar y a ratificar, nuevamente, las tesis sostenidas por esta Institución, que no ha querido más que hacer valer sus derechos para recibir lo que legítimamente le corresponde”.
Está claro, por muchos recursos que presente el Gobierno de Canarias para dilatar el proceso, que tarde o temprano se tendrá que pagar el dinero, un dinero que pertenece a todos los lanzaroteños, los cuales, creemos que no lo tenemos que recordar a estas alturas, arrastran desde hace muchos años el lastre que supone la deuda histórica no satisfecha hasta la fecha. Esperemos que impere la sensatez y que el dinero termine llegando, si no da tiempo en esta legislatura, en la próxima.