Prácticas abusivas contra el profesorado de baja y sus sustitutos
La Consejería de Educación ha transgredido los límites de la ética y de la normativa en materia laboral al presionar al profesorado que se encuentra de baja por enfermedad para que soliciten el alta voluntaria y poder, así, cesar al profesorado que los sustituye durante el periodo navideño.
La Inspección médica, siguiendo instrucciones de la Dirección General de Personal, está tratando de convencer, a toda costa, a los docentes para que soliciten el alta voluntaria a partir del 22 de diciembre y que, si la enfermedad persiste, vuelvan a solicitar la baja en enero. Además, independientemente de que el profesorado enfermo haya causado alta o no, los sustitutos están siendo cesados con fecha de 22 de diciembre sin que, en muchos casos, haya sido notificado de ello el propio interesado. Un año más, el gobierno obsequia al profesorado sustituto con una “sorpresa navideña”. La negligencia del gobierno en su gestión contrasta con su extraordinaria diligencia para los recortes.
Este tipo de actuaciones, al margen de la legalidad vigente, ponen de relieve el talante autoritario e inhumano de nuestro gobierno y el de su consejera de educación, Milagros Luis Brito. Parece que todo vale y basta con sacar el comodín de la “crisis” para vulnerar de manera flagrante los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para eludir la responsabilidad que tienen con el alumnado, al que, en el mejor de los casos, dejarán pendiente de nombrar nuevo sustituto hasta mediados de enero. Además, lo más probable es que los docentes despedidos, aunque vuelvan a ser contratados, lo hagan en otro centro, lo que supondrá un nuevo trastorno para el alumnado que deberá adaptarse a otro docente cuando lo normal era que continuasen con el mismo. Si a esto le añadimos el hecho constatable de que, en pleno auge de la tan anunciada gripe A, hace un mes que no se efectúa ningún nombramiento en infantil y primaria y que en secundaria el último se produjo el tres de enero, es fácil deducir que a este gobierno no le importa la calidad de la enseñanza ni la salud de los docentes ni, por supuesto, la del alumnado.
Por ello, el STEC-IC advierte a la Consejería de Educación que no va a consentir este tipo de abusos, como tampoco consentirá que se desmantele la educación pública. Por ello prestará, a los docentes perjudicados, el asesoramiento jurídico necesario para exigir que se respeten sus derechos laborales. Del mismo modo, seguirá denunciando públicamente cuantas acciones está llevando a cabo el gobierno para dañar la imagen de la educación pública.
Por otra parte, recomienda al profesorado que se encuentra en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (I.L.T.) que, antes de solicitar el alta voluntaria, pidan asesoramiento a su médico acerca de si la misma es o no conveniente. Al tiempo que avisa que la solicitud de alta voluntaria puede acarrear ciertos perjuicios para el trabajador, en el caso de que la enfermedad persista.
Asimismo, recomienda que cuando sean citados por la inspección médica, se acuda con un informe médico detallado de la enfermedad que se padece y de los motivos por los que se hace necesario un periodo de I.L.T. y que sea el inspector médico el que asuma la responsabilidad de dar de alta al paciente y no solicitarla nunca de forma voluntaria.
El STEC-IC insta también a padres y madres y a las comunidades educativas a que exijan al gobierno la rápida cobertura de las bajas y que preste a la educación pública el respeto y la atención que se merece.
SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC