La Cámara pide al Gobierno autorizar grandes superficies bajo “criterios objetivos”
Eduardo Spínola es el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote.
La Cámara de Comercio de Lanzarote ha hecho llegar al Gobierno Autónomo sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Comercio de Canarias. El ente cameral pide a la Consejería competente la consideración de “criterios objetivos” en los requisitos para la concesión de autorizaciones a grandes superficies entendiendo que los consignados en el anteproyecto de Ley son “subjetivos y variables” y, según ella, abren la puerta a la toma de decisiones discrecionales y arbitrarias. La propuesta de mejora al texto del Gobierno propone la supresión del requisito de la autorización previa para los comercios y centros comerciales que superen determinas superficies y sustituirlo por el sistema de fijación de unas superficies máximas instalables en cada isla, tanto para grandes establecimientos comerciales como para centros comerciales, eliminando la posibilidad de ampliar dichas superficies mediante solicitud de autorización al Gobierno canario. La Cámara precisa que las superficies máximas fijas se establecerían respetando la Directiva europea que sólo permite alguna restricción a la libertad de establecimiento por “razones imperiosas de interés general” y, concretamente, teniendo en cuenta los territorios limitados, el impacto sobre el medio ambiente y el entorno urbano, y la protección del consumidor, incentivando la libre competencia para evitar situaciones de monopolio u oligopolio. En cualquier caso, la Cámara de Comercio considera imprescindible un estudio de cada isla antes de autorizar la ampliación del equipamiento comercial de cada ínsula.
Augura reclamaciones de mantenerse el anteproyecto
La Cámara argumenta al Gobierno que al empresario que pretenda abrir un comercio, “arriesgando su dinero y patrimonio”, no se le puede someter a un conjunto de criterios que no sean completamente objetivos, subrayando que algunos incluso nada tienen que ver con la explotación real del comercio. La Cámara advierte que la aplicación de los mismos implicaría “un enorme grado de inseguridad jurídica” y asegura que cada autorización quedaría sometida a la voluntad política del momento. Uno de los criterios exigibles del Gobierno para autorizar la apertura de un centro comercial que no le cuadra al ente lanzaroteño es la llamada “generación o mejora de redes de distribución y logística propias”. Según la Cámara, este requisito perjudicará gravemente a las pequeñas y medianas empresas de distribución y logística radicadas en Canarias que se verían afectadas por esta exigencia de que los centros comerciales desarrollen sus propia redes. Ante todas estas consideraciones, la Cámara vaticina una lluvia de reclamaciones y solicitudes de indemnizaciones al Ejecutivo de mantenerse la redacción actual del anteproyecto de Ley de Comercio de Canarias. La Cámara entiende que en islas como Gran Canaria y Tenerife resulta complejo limitar las superficies comerciales.